El Salvador se desmarca con amplitud del resto de América Latina cuando sus ciudadanos evalúan la lucha contra el crimen organizado. Mientras en buena parte de la región predomina el pesimismo, los salvadoreños muestran una percepción muy distinta sobre los resultados de las políticas de seguridad aplicadas durante el gobierno de Nayib Bukele.
El Informe Latinobarómetro 2026 revela que 75% de los salvadoreños considera que su país está ganando la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico. En América Latina, apenas 18% comparte esa percepción: una diferencia de 57 puntos porcentuales.
La distancia también aparece cuando se pregunta por la presencia de estructuras criminales en las comunidades. En 2020, 41% de los salvadoreños decía detectar crimen organizado, pandillas, narcotráfico o grupos armados en su entorno; en 2026 la proporción cayó a 9%, una reducción de 32 puntos porcentuales.
El estudio fue elaborado a partir de 19,207 entrevistas presenciales en 17 países, realizadas entre mayo y junio de 2026. En el conjunto de América Latina, 47% de los consultados considera que se está perdiendo la lucha contra el crimen organizado y otro 29% cree que esa batalla directamente no puede ganarse.
Otros datos muestran la dimensión de esa percepción de seguridad: 95% de los salvadoreños aseguró no haber sufrido un asalto, agresión u otro delito durante los 12 meses anteriores, mientras 60% afirmó que solo ocasionalmente o nunca teme convertirse en víctima de la delincuencia.
Las cifras oficiales de violencia también muestran una fuerte reducción de los homicidios. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios intencionales y una tasa de 1.3 por cada 100,000 habitantes, frente a los niveles de cuatro dígitos que el país registraba años atrás, según las autoridades de seguridad.
La política de seguridad de Bukele tiene como uno de sus pilares el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Hasta junio de 2026, las autoridades reportaban más de 92,400 capturas vinculadas a organizaciones criminales, además del decomiso de miles de armas, vehículos y teléfonos.
El respaldo a la estrategia convive, sin embargo, con cuestionamientos sobre sus efectos institucionales y en materia de derechos humanos. El propio informe de Latinobarómetro destaca la elevada valoración de la seguridad y la eficacia estatal en El Salvador, pero al mismo tiempo plantea reparos sobre garantías democráticas; organizaciones y organismos de derechos humanos también han documentado denuncias de abusos durante el régimen de excepción.
