El Congreso panameño busca cerrar las puertas del Estado a compañías con historial de corrupción en América Latina. La propuesta pretende prohibir de forma permanente que empresas involucradas en sobornos o fraudes vuelvan a participar en licitaciones públicas.
Los ecos del caso Odebrecht, los sobornos de Meco y los contratos irregulares de FCC y Finmeccanica siguen marcando la política panameña. Estos nombres, conocidos también en otros países de la región, reaparecen ahora en el debate por una nueva reforma impulsada por el diputado Augusto “Tuto” Palacios, del partido Vamos.
El anteproyecto de ley, que será presentado este miércoles, plantea la inhabilitación definitiva para toda empresa que haya sido condenada por corrupción, sin importar si logró acuerdos judiciales o de colaboración. Según Palacios, la actual normativa permite que las compañías implicadas sigan contratando con el Estado bajo otros nombres o mediante vacíos legales.
“Hoy día, una empresa que confiesa haber cometido actos de corrupción puede seguir contratando con el Estado si llega a un acuerdo eficaz. Ni siquiera es inhabilitada un solo día”.
La propuesta de Palacios busca reformar la Ley de Contrataciones Públicas No. 22 de 2006, para endurecer las sanciones y cerrar los caminos de impunidad empresarial.
El proyecto llega en medio de una larga lista de escándalos que involucraron a contratistas internacionales. Odebrecht, símbolo de una red de sobornos que se extendió por todo el continente, admitió pagos ilícitos en Panamá, Guatemala, Perú, Brasil y República Dominicana, entre otros.
La constructora costarricense Meco, por su parte, fue señalada por prácticas similares en Centroamérica, mientras que FCC y Finmeccanica enfrentaron acusaciones por contratos inflados y sobornos en proyectos de infraestructura.
El costo de la corrupción
Palacios asegura que la corrupción eleva hasta en un 25% el costo de las obras públicas, drenando recursos que deberían destinarse a salud, educación o desarrollo. “Este no es un proyecto de bancada, es un proyecto país”, subrayó.
La iniciativa será discutida en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. El legislador llamó a las organizaciones de transparencia y a la sociedad civil a sumarse al proceso: “El que robó al Estado no puede volver a hacerlo”, afirmó.
Si prospera, Panamá podría convertirse en uno de los primeros países de la región en aplicar sanciones permanentes contra empresas corruptas, enviando un mensaje contundente en favor de la transparencia.
