En cifras, se trata de 417.8 millones de quetzales (53.9 millones de dólares) de un total de 773.8 millones de quetzales (99.8 millones de dólares). Este retraso genera dudas sobre la gestión estatal en un contexto donde millones de familias en la región dependen de estas ayudas para alimentación y educación.
Los resultados son desiguales. El Bono Salud alcanza 78.8% de ejecución, mientras el Bono Educación llega a 50.8% y el Bono Salud para niños de 0 a 2 años a 45.1%. El más rezagado es el Bono Nutrición, con apenas 16.4%, pese a que Guatemala registra una de las tasas más altas de desnutrición infantil en América Latina.
En contraste, el Programa Vida, para niñas y adolescentes embarazadas o víctimas de violencia sexual, logró ejecutar el 100%. Sin embargo, su presupuesto es mínimo: 1.5 millones de quetzales (194 mil dólares), con apenas 197 beneficiarias en 2025. Este problema también se repite en países vecinos, donde la inversión en atención a menores es insuficiente.
Analistas advierten que la baja ejecución responde a burocracia, clientelismo y falta de gestión. Además, destacan que este patrón no es exclusivo de Guatemala, sino que se observa en El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde los programas sociales enfrentan críticas similares.
Expertos recomiendan transferencias directas y mayor transparencia para garantizar que los recursos lleguen sin retrasos a quienes más los necesitan. Señalan que el desafío es regional: mejorar la eficacia de los programas sociales para reducir desigualdades y responder a la pobreza que afecta a millones de centroamericanos.
