El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reconoció legalmente el 4 de febrero de 2026 a una niña nacida el 10 de febrero de 2023, inscribiéndola con sus apellidos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Registro Civil, en un trámite administrativo que la convierte oficialmente en su tercera hija.
La confirmación del procedimiento la realizó el propio TSE a varios medios costarricenses, entre ellos La Teja, AMPrensa y NCR Noticias, que informaron que la institución se limita a registrar el acto cuando existe la voluntad expresa del padre, sin emitir valoraciones adicionales sobre las circunstancias personales del caso.
La madre de la menor fue identificada en los reportes como Silvia Aymerich Coto, de 35 años. Aunque en redes se le atribuye haber sido miembro de su equipo de campaña, otros la señalan como extrabajadora pública de actividades de protocolo.
Lea además: Chaves destituye a funcionarios que apoyaron marcha del orgullo LGTBI en Costa Rica
Estallido en las redes sociales
El nombre de la niña no ha sido divulgado públicamente en la mayoría de las informaciones, en atención a su condición de menor de edad, pero se han confirmado los apellidos Chaves Aymerich.
El reconocimiento ocurrió después de que el caso se hiciera visible en redes sociales a finales de enero, cuando la madre reclamó en redes sociales el derecho de su hija a ser reconocida por el presidente Chaves como padre.

A la vez, otros usuarios comenzaron a circular señalando que la menor no había sido reconocida legalmente pese a que el presidente la visitaba cada 15 días.
La difusión de fotografías y mensajes de Chaves con la niña en plataformas digitales amplificó el tema y generó presión mediática que terminó con la formalización del trámite ante el Registro Civil.
Lea también: Escándalo en Costa Rica: periodista oficialista acusa a ministro de violación sexual
Un episodio que llega a la esfera pública
El caso se convirtió rápidamente en tema de conversación en los corrillos políticos y en programas de opinión, no solo por tratarse del jefe de Estado, sino por el momento en que se produjo el reconocimiento, casi tres años después del nacimiento de la niña.
Diversos comentaristas y analistas señalaron que el episodio trascendió el ámbito estrictamente privado debido a la exposición pública que adquirió y a la relevancia institucional del protagonista.
Otros sectores, en cambio, han subrayado que se trata de un asunto personal que no incide directamente en la gestión gubernamental.

Lea más: Exfuncionaria de Costa Rica que denunció al presidente Chaves salió del país
La noticia también generó interpretaciones sobre la vida familiar del mandatario.
En redes sociales y espacios de opinión se vinculó el episodio con la percepción de distanciamiento pública entre el presidente y su esposa, Signe Zeikate, aunque no existe confirmación oficial sobre ese aspecto ni pronunciamientos de la familia presidencial.
Hasta ahora, el presidente Chaves no ha ofrecido declaraciones públicas extensas sobre el reconocimiento, y la Presidencia ha mantenido silencio sobre el tema, más allá de confirmar el trámite administrativo.
Antecedentes y debate sobre coherencia política
El episodio ha reavivado referencias a controversias anteriores de índole sexual en la trayectoria del mandatario.
Antes de asumir la presidencia, Chaves enfrentó sanciones administrativas en el Banco Mundial relacionadas con acusaciones de acoso sexual a subordinadas.
El caso fue ampliamente documentado en informes internos de ese organismo y divulgado por la prensa en 2022, durante la campaña electoral. En furiosa respuesta, Chaves calificó al peridismo local como “prensa canalla”.

Lea también: Costa Rica: presidente Chaves destituye a viceministro de Justicia por denuncia de acoso sexual
Además, durante su gobierno, Chaves ha sostenido un discurso conservador y muy crítico hacia lo que denomina la agenda “progre”, especialmente en temas de familia, sexualidad y diversidad.
El caso ha llevado a algunos analistas y comentaristas a plantear debates sobre la coherencia entre el discurso político y la vida personal, aunque estas valoraciones se mantienen en el terreno de la opinión.
Por ahora, el caso no ha derivado en consecuencias legales ni políticas formales, pero continúa alimentando la conversación pública en Costa Rica, donde la frontera entre la vida privada de los gobernantes y el interés público suele convertirse, en momentos como este, en un tema de intenso escrutinio social y de abundante generación de chistes, chismes y memes sobre la vida del autoproclamado “jaguar” de la política tica.






