El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como “infames” y “mentira” los señalamientos de Panama Ports Company, de origen chino, en medio del arbitraje internacional en curso.
El mandatario afirmó que el Estado panameño ya designó abogados internacionales para enfrentar el proceso. Además, aseguró que el equipo legal defenderá adecuadamente los intereses del país.
Asimismo, adelantó que el Gobierno publicará un comunicado en los próximos días. En ese documento detallará presuntas irregularidades de la empresa concesionaria.
Gobierno justifica prórroga en proceso arbitral
Mulino explicó que la solicitud de extensión en el arbitraje respondió a razones de tiempo. Según indicó, Panamá recibió la notificación un miércoles y debía responder el viernes.
Por ello, el Ejecutivo pidió una prórroga para seleccionar la defensa legal. El presidente subrayó que este tipo de solicitudes son comunes en procesos internacionales.
También informó que el Gobierno consultó a tres firmas internacionales antes de elegir la representación definitiva para el caso.
Señalamientos de PPC sobre inversión extranjera
Por su parte, Panama Ports Company aseguró que Panamá deteriora su prestigio como destino de inversión extranjera.
La empresa vinculó esta situación a los hechos ocurridos en los puertos de Balboa y Cristóbal. Además, mencionó el desarrollo del arbitraje internacional entre ambas partes.
Según la compañía, el Estado mantiene una conducta sostenida que afecta la confianza de inversionistas. Estas declaraciones surgieron semanas después de la toma de control de las terminales portuarias.
Críticas por plazos y operaciones portuarias
PPC también cuestionó que Panamá no presentara su respuesta dentro del plazo original. Indicó que el Gobierno alegó falta de preparación y ausencia de un equipo legal en ese momento.
Además, criticó que el país solicitara una extensión parcial pese a afirmar que trabajaba en una estrategia desde meses atrás.
La empresa denunció afectaciones a operaciones, contratos y proveedores durante la ocupación de las terminales. Estas acciones, según sostuvo, impactaron la actividad portuaria.
.Fallo judicial y toma de control de puertos
El conflicto se intensificó tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitida el 29 de enero.
El tribunal determinó que no existe una concesión vigente para los puertos de Balboa y Cristóbal. Además, consideró que el contrato con PPC resulta lesivo al interés público.
Posteriormente, el 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de ambas terminales.
Escalada del arbitraje internacional
Días después, PPC y su casa matriz, CK Hutchison Holdings Limited, intensificaron sus acciones legales.
La empresa amplió el arbitraje internacional y reclama al menos 2,000 millones de dólares en daños. También presentó recursos contra el decreto que ordenó la toma de activos.
Mientras avanza el proceso, el Gobierno de Panamá mantiene su postura. Las autoridades insisten en que cuentan con defensa adecuada y rechazan las acusaciones.
