El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que el país debe aplicar las leyes anticorrupción vigentes y no crear nuevas normas. Sus declaraciones ocurrieron durante una gira de trabajo en la provincia de Bocas del Toro, un día después de que las autoridades desmantelaran una presunta red de fraude en la Dirección General de Ingresos (DGI).
El mandatario calificó como “multimillonario” el daño causado al erario por la supuesta organización investigada. Además, sostuvo que el Gobierno actuará con firmeza frente a los casos de corrupción.
Mulino explicó que el sistema informático de la DGI presentaba vulnerabilidades. Por ello, indicó que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la propia DGI trabajan en medidas técnicas para reforzar su seguridad.
Según el presidente, la investigación apunta a la participación de funcionarios públicos y a posibles beneficiarios del sector privado. También advirtió a los servidores públicos que enfrenten procesos por corrupción que el Gobierno mantendrá una postura estricta.
Asimismo, señaló que estos hechos afectan la imagen internacional de Panamá y perjudican los esfuerzos para promover al país como destino de inversión.
Investigación avanza por presunto fraude con créditos fiscales
Al referirse a la necesidad de fortalecer el marco legal, Mulino sostuvo que el problema no es la ausencia de leyes.
“Este país no necesita más leyes, sino aplicar las que tenemos”, afirmó.
El mandatario también abordó las investigaciones que involucran a exfuncionarios del gobierno anterior, entre ellos el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz. En ese contexto, pidió respetar el debido proceso y los derechos de los investigados, aunque consideró necesario que los casos avancen con rapidez.
Las declaraciones se producen después de que el Ministerio Público ejecutara la operación Pandora, mediante la cual desarticuló una presunta organización integrada por particulares y funcionarios de la DGI.
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada realizó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. De acuerdo con la investigación oficial, la red presuntamente manipulaba el sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales y luego comercializarlos con una entidad crediticia. Las autoridades estiman que las cuentas afectadas superan los 40 millones de dólares.
Gobierno prepara medidas para impedir vuelos de drones sobre prisiones
En materia de seguridad, Mulino anunció que el Gobierno implementa un sistema para bloquear el espacio aéreo sobre las cárceles y evitar que drones ingresen drogas, armas u otros objetos prohibidos.
El presidente afirmó que el nuevo director del sistema penitenciario tiene la experiencia necesaria para reorganizar una institución que, según dijo, enfrenta problemas de corrupción y desorden.
Además, denunció que el ingreso de drogas y armas ocurre tanto por complicidad de personal de seguridad como mediante drones operados desde zonas cercanas a los centros penitenciarios.
Por esa razón, explicó que el Ejecutivo desarrolla un sistema que impedirá el vuelo de drones sobre las cárceles. Paralelamente, indicó que las autoridades trabajan en una solución técnica para bloquear las señales de telefonía móvil dentro de un radio determinado alrededor de los penales.
