El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que revisará el Decreto Ejecutivo No. 10 sobre los denominados taxis de lujo (entre estos Uber e inDrive), tras una ola de críticas en redes sociales y sectores del transporte.
El mandatario informó que sostendrá una reunión con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio de Gobierno de Panamá para evaluar los cuestionamientos al reglamento.
“No estamos para perjudicar a nadie”, afirmó en un mensaje publicado redes sociales.
La cuestionada regulación
El anuncio surge luego de múltiples reacciones negativas tras la publicación del decreto en la Gaceta Oficial. La normativa regula el servicio de transporte selectivo de lujo solicitado mediante plataformas digitales.
Mulino indicó que analizará “todos esos puntos de vista” antes de avanzar en la implementación. Además, aseguró que el objetivo es mejorar el servicio con estándares de seguridad.
La reunión está prevista para el lunes 20 de abril. Con ello, el Ejecutivo busca responder a las inquietudes de conductores, usuarios y empresas tecnológicas.
He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de Attt y @MinGobPma para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 18, 2026
Qué establece el Decreto Ejecutivo 10
El Decreto Ejecutivo No. 10 establece nuevas reglas para los taxis de lujo en Panamá. Este servicio incluye vehículos solicitados a través de aplicaciones como Uber e InDrive.
La normativa define el servicio como transporte selectivo con tarifas reguladas por la ATTT. Esto marca un cambio frente al modelo anterior, donde los precios eran variables.
Entre los requisitos para vehículos, el decreto fija un máximo de siete años de antigüedad. También exige aire acondicionado y condiciones óptimas de comodidad. Además, los autos deben portar identificación visible como “Taxi de Lujo”.
En cuanto a conductores, la regulación exige nacionalidad panameña. También solicita licencia tipo E-1 vigente y récord policial limpio durante los últimos 10 años. A esto se suma un paz y salvo con la ATTT.
Asimismo, los conductores deben inscribirse bajo una prestataria autorizada antes de operar en plataformas digitales. Este punto ha generado cuestionamientos por su impacto en la operación independiente.
Plataformas digitales bajo nuevas limitaciones
El decreto establece que las plataformas digitales solo podrán actuar como intermediarias. No podrán ser propietarias de vehículos ni de certificados de operación.
Es bueno que el Presidente @JoseRaulMulino esté dispuesto a revisar el Decreto Ejecutivo que firmó para regular plataformas de transporte como Uber, In Drive y otras. Aunque lo ideal es que hubiesen revisado antes de firmar, nunca es tarde para corregir un error. pic.twitter.com/r3HhI3TLhb
— José Isabel Blandón (@BlandonJose) April 18, 2026
Tampoco podrán fijar tarifas libremente ni ejercer control directo sobre el servicio. La supervisión queda bajo responsabilidad de la ATTT.
El reglamento otorga un plazo de 3 meses para que conductores y empresas se adapten. Quienes no cumplan enfrentarán sanciones, que incluyen la calificación de “piratería”.
Críticas por impacto en empleo y competencia
La regulación ha generado preocupación entre conductores de plataformas digitales. Muchos consideran que los requisitos son restrictivos y afectan sus ingresos.
Algunos sectores señalan que la normativa favorece a las prestatarias tradicionales del transporte. Estas organizaciones ya operan dentro del sistema de taxis convencionales.
Usuarios también han expresado rechazo. Argumentan que los servicios por aplicación ofrecen mayor calidad, seguridad y transparencia.
Además, advierten que la regulación podría limitar la innovación en el transporte y afectar la experiencia del usuario.
Gobierno defiende orden y seguridad en el servicio
El Ejecutivo sostiene que el decreto busca ordenar el sector del transporte selectivo. También pretende elevar los estándares de calidad y seguridad.
Según el Gobierno, la medida responde a vacíos legales y a observaciones previas del sistema judicial. En ese contexto, se plantea como una actualización normativa.
