El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que ninguno de los involucrados en el incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez quedará impune, aunque se negó a responder si es cierto o no que la empresa de seguridad a cargo de la vigilancia en el lugar es propiedad del cónsul de la dictadura de Nicaragua y que esta ha recibido millonarios contratos de parte del gobierno mexicano.
La noche del miércoles se conoció que el propietario de la firma que tenía a cargo la vigilancia del centro de resguardo en el que murieron 39 migrantes es Elías Gerardo Valdés, el cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, a quien señalan de haberse favorecido por millonarios contratos con entidades estatales mexicanas.
Pero AMLO, como le llaman por sus iniciales, evadió contestar si la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia tenía a cargo la seguridad privada de la cárcel para migrantes.
“Tu pregunta va a ser respondida, pero no quiero yo meterme porque, como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones, y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos o protegerse”, dijo López Obrador en la mañanera, la conferencia de prensa que brinda cada día.
En videos que circulan en redes sociales se observa cómo los custodios dejan encerrados a los migrantes durante el incendio. El siniestro mató a 39 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos 18 guatemaltecos y al menos un hondureño.
El gobierno de López Obrador es fuertemente criticado por su política de “acoso” a migrantes tras la tragedia. Según varios señalamientos, el incidente mortal pudo ser evitado.
