El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, mantiene sin convocatoria en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 25.240, que permitiría subsidiar las licencias para madres, padres y familiares que cuidan a menores con enfermedades graves o a pacientes en estado terminal.
El bloqueo cumple una semana este lunes, pese a llamados de diputados de oposición, organizaciones de cuidadores y la advertencia de la Contraloría General de la República (CGR).
La norma se necesita para habilitar la transferencia de ₡2.700 millones (aproximadamente 5.2 millones de dólares) aprobados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y destinados precisamente al pago de estas licencias.
Sin embargo, los recursos requieren autorización legal para superar el límite del 0,5% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), actualmente destinado a este fin.
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Postura fría de Chaves
Aunque Chaves sostiene que el pago puede realizarse sin necesidad de una reforma, tanto la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) como el ministro de Trabajo, Andrés Romero, reconocen que la legislación vigente sí impide girar fondos adicionales.
En un oficio enviado el 29 de octubre, la DESAF subrayó que el Fodesaf opera con el 80% de sus recursos comprometidos y que el margen restante está “prioritariamente destinado al Régimen No Contributivo de Pensiones”, por lo que no existen fondos redistribuibles sin una modificación legal.
La Contraloría respaldó ese criterio el pasado miércoles, al indicar que “la limitación relacionada con el porcentaje y la población meta requiere ser corregida por ley”.
Además, la Sala Constitucional ha dado con lugar al menos cinco recursos de amparo interpuestos por padres cuidadores, reconociendo la obligación del Estado de garantizar el subsidio.
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Críticas
El estancamiento ocurre en el contexto de las sesiones extraordinarias del Congreso, en las que el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa.
Durante la última semana, la Presidencia convocó más de 100 proyectos, la mayoría impulsados por sus aliados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República, dejando fuera las iniciativas de oposición, entre ellas la ley de licencias de cuido.
El Frente Amplio y otros grupos opositores han pedido convocar el expediente de forma inmediata.
Paralelamente, mujeres cuidadoras realizaron protestas frente a Casa Presidencial durante la semana anterior, advirtiendo que, sin la aprobación de la ley, los subsidios podrían quedar sin pago y miles de familias quedarían sin apoyo durante el cuido de enfermos graves.
