Tras un año sangriento y violento, los líderes de los 3 poderes de la República de Costa Rica acordaron discutir y aprobar una serie de planes y proyectos legales para frenar las actividades delictivas del crimen organizado.
El presidente Rodrigo Chaves, titular del Ejecutivo, Rodrigo Arias del Legislativo y Orlando Aguirre del Judicial, se comprometieron este lunes a aprobar 5 proyectos de ley destinados a abordar la creciente preocupación por la criminalidad y el narcotráfico.
En la cuarta sesión de la mesa de trabajo en materia de seguridad, celebrada este lunes 15 de enero, se acordó que los borradores de las propuestas de ley consensuadas se presentarán a los tres presidentes de los supremos poderes, a más tardar, la próxima semana.
Este grupo de trabajo se constituyó por mandato directo de los líderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en diciembre del año pasado, cuando el país sufría el embate de la peor de violencia homicida en su historia.
Costa Rica cerró el 2023 con registro histórico de 907 homicidios
La ministra de Presidencia, Natalia Díaz, y la vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, destacaron que la determinación de conformar este grupo responde “a la urgente necesidad de abordar la creciente amenaza del crimen organizado y el tráfico de drogas en el país”.
Aunque aún no se han definido las cinco propuestas específicas, se espera que aborden cuestiones cruciales relacionadas con la prisión preventiva, reformas a la ley de Registro y Archivos Judiciales, así como la ley de Opciones y Naturalizaciones.
Asimismo, se está considerando la implementación de medidas como la paridad de género, el aumento de penas por delitos dolosos, sanciones para los préstamos “gota a gota”, una revisión integral de la Ley de Armas, la construcción de una nueva cárcel, el aumento de las penas a quienes involucren a menores de edad en la actividad del sicariato y otros.
La intención de los presidentes de los supremos poderes es agilizar el proceso legislativo de estos proyectos, una vez se les haya otorgado su visto bueno, mediante los mecanismos contemplados en el Reglamento Legislativo.
Se espera que estas iniciativas contribuyan significativamente a fortalecer el marco legal y las herramientas disponibles para hacer frente a las amenazas a la seguridad en Costa Rica, luego que en 2023 el país registrara la más alta cifra de homicidios con más de 900 muertes.
Desde 2022, el país enfrenta un crecimiento desproporcionado de los homicidios, asaltos, robos y vendettas en el marco del crecimiento de la guerra de carteles y bandas del crimen organizado ligadas a las mafias de las drogas.
