Siete periodistas nicaragüenses exiliados hicieron este miércoles un llamado urgente a la comunidad internacional para que los países democráticos, entre ellos España, Chile, Argentina y México, les brinden medidas de protección ante la “desnacionalización de facto” que enfrentan. La petición fue realizada durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CCN+), en San José, Costa Rica, país que acoge a más de 20 comunicadores que han huido de la represión.
“Solicitamos no solo solidaridad, sino acciones concretas de protección, como la concesión de la nacionalidad”, declaró el periodista Gerald Chávez, al leer el pronunciamiento colectivo que denuncia el vacío legal en que se encuentran al tener pasaportes vencidos, negación de ingreso a su país o documentos retenidos arbitrariamente.
La petición surge en un contexto marcado por la sistemática represión a la prensa independiente en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas sociales que fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Desde entonces el Estado ha utilizado el terrorismo de Estado para silenciarnos, obligándonos al exilio y dejándonos en un limbo legal que vulnera nuestros derechos fundamentales”, señalaron.
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La declaración destaca que más de 290 periodistas han sido forzados al exilio, mientras al menos 60 medios de comunicación han sido confiscados, cerrados o destruidos.
También recuerdan el asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido el 21 de abril de 2018, mientras cubría en vivo una manifestación en Bluefields.
Los comunicadores explicaron que la retención de pasaportes, la negativa a renovar documentos y la prohibición de reingreso a Nicaragua los ha dejado sin acceso a salud, empleo formal y educación, configurando una “muerte civil” que califican como parte de una estrategia deliberada del régimen para desarticular el periodismo crítico.
La situación de la libertad de expresión en Nicaragua se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. Según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, Nicaragua figura entre los países más represivos del continente para ejercer el periodismo. El Gobierno ha recurrido al uso de leyes antiterroristas, acusaciones de conspiración y confiscación de bienes como instrumentos de censura.
Los periodistas agradecieron el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha solicitado al Gobierno español que extienda su política de acogida a comunicadores perseguidos, como ya ha hecho con más de 400 nicaragüenses desnacionalizados por decreto en febrero de 2023. También instaron a organismos internacionales de prensa a pronunciarse sobre esta forma de represión transnacional.
“El periodismo nicaragüense necesita ayuda. No se puede permitir que una dictadura elimine legalmente la existencia de sus críticos”, concluyeron.
