Informaciones manejadas con estricta confidencialidad sugieren que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría iniciado negociaciones con mafias locales vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para pactar un cese al incremento de la violencia homicida en este país centroamericano, así lo reveló este miércoles el periódico El Universal de México.
El diario mexicano informa que el gobierno de Chaves habría abierto negociaciones con los carteles, para permitirles seguir con el narcotráfico a cambio de que aceptaran reducir la creciente violencia callejera y evitar el aumento de los homicidios que ya superan los 660 y se enrumba a una cifra récord de más de 900.
Estas fuentes, que según El Universal prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, señalan que Chaves habría solicitado a las contrapartes costarricenses de los carteles, reducir la violencia en las calles a cambio de mantener las operaciones de narcotráfico en bajo perfil.
Revelan negociaciones de Costa Rica con el crimen organizado
El periódico El Universal de México reveló hoy que el gobierno de Costa Rica habría abierto negociaciones con mafias costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
https://t.co/3O1FXLe8vV— Gustavo Araya-Martínez (@GarayaM) September 27, 2023
El reporte desde San José, la capital costarricense, indica que el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, garantizó que, al menos desde que inició su gestión en mayo de este año, no se produjo ese tipo de acercamiento con organizaciones criminales.
“Jamás. Eso en Costa Rica es un delito. Procesaríamos a cualquier persona que participe en un escenario de esos. Es una línea roja que el país tiene claramente definida desde su legalidad, desde su práctica policial y, por supuesto, égida central en este ministerio”, respondió a El Universal.
Zamora sustituyó a Jorge Torres, ministro de Seguridad Pública desde el inicio de la administración Chaves.
Torres retornó a su puesto de jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), policía política del Ministerio de la Presidencia, ensamble esencial del aparato de seguridad y nexo con estructuras como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos.
La denunciada negociación tampoco fructificó, según el periódico mexicano.
El número oficial de homicidios subió de 570 en 2020 y 588 en 2021 a 654 en 2022 y 666 a ayer y llegaría a unos 900 al final de 2023. La mayoría de casos fue atribuida al narcotráfico.
Homicidios y narcos
El diario mexicano publicó que el abogado costarricense Francisco Dall’Anese, exfiscal general de Costa Rica, aseguró que la situación de seguridad en el país “es alarmante”.
“Vamos camino a un narco-Estado”, dijo Dall’Anese al rotativo.
El exfiscal advirtió que lo que alegó Chaves acerca de que “los homicidios son entre grupos criminales y que se matan entre ellos”, es “grave”, ya que “lo que deja para pensar es que le da el corredor abierto a los grupos criminales que se disputan el territorio nacional”.
El presidente emitió estas declaraciones este mes “sin tomar en cuenta las balas perdidas que han matado a personas inocentes de todas las edades y en algunos casos niños de corta edad”, agregó.
“El presidente no escucha, no pone manos a la obra para la seguridad ciudadana. Lo que dijo últimamente es que los homicidios son entre grupos criminales y que se matan entre ellos, como restándole importancia. Como si la vida de los seres humanos, sean quienes sean y de donde vengan, no fueran una responsabilidad del presidente y del ministro de Seguridad”, reclamó.
Sin embargo, ayer 26 de septiembre, Chaves en conferencia de prensa admitió que la Fuerza de Seguridad Pública no puede frenar la ola de violencia sino se acompaña de leyes más fuertes y mayor presupuesto, responsabilizando de la ausencia de esos dos recursos a la Asamblea Legislativa que no ha aprobado un proyecto de reforma de ley que endurece las penas, ni mayor presupuesto para el combate al crimen organizado.
“Los asesinatos y la criminalidad no lo pueden pagar la Fuerza Pública, entienda eso costarricenses, es como querer parar una cabeza de agua con malla ciclón”, ejemplificó Chaves.
Entrevistados por el periódico mexicano otros dos expertos costarricenses en seguridad, el exministro Gustavo Mata y el abogado e historiador Álvaro Ramos, advirtieron que las negociaciones con los criminales jamás provocaron resultados positivos en países donde se realizaron, como México, Colombia, Ecuador y Guatemala.
El reportaje fue elaborado por el periodista costarricense José Meléndez, corresponsal de El Universal para América Latina y el Caribe.
El siguiente es el texto completo del informe periodístico, cuyo enlace a internet es el siguiente (exclusivo para suscriptores): Narcotráfico se afianza en Costa Rica.
Los contactos habrían sido establecidos por figuras clave dentro de las estructuras de seguridad costarricenses, algunos de ellos con roles en el gobierno de Chaves y otros con vínculos en el ámbito legal relacionados con la defensa en casos de delincuencia organizada.
El aumento drástico en los índices de homicidios, atribuidos en su mayoría al narcotráfico, ha generado preocupación en la sociedad costarricense y ha impactado negativamente en sectores como el turismo y otras actividades socioeconómicas.
Costa Rica, posicionada estratégicamente entre Colombia, principal productor mundial de cocaína, y Estados Unidos, el mayor consumidor global, ha experimentado un incremento sostenido en los homicidios que ya superó la cifra de 2022, mayormente ligados a las actividades relacionadas con el narcotráfico y la legitimación de capitales.
El escenario actual coincide con la polémica decisión de desmantelar puestos antidrogas de Seguridad Pública en fronteras terrestres, marítimas y aéreas, una medida que ha generado controversia y cuestionamientos sobre su impacto en la lucha contra el narcotráfico.
En este contexto, según los expertos, Costa Rica se enfrenta a un desafío crucial en la lucha contra el crimen organizado y la consolidación de una estrategia de seguridad efectiva para proteger a sus ciudadanos y preservar el Estado de derecho.
Reacciones
La expresidenta costarricense, Laura Chinchilla, calificó la publicación como “la más grave denuncia que haya visto”.
“Algo que no debe dejar indiferente ni a autoridades judiciales, ni diputados, ni a periodistas locales, ni a ciudadanos. Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países. Negociar con criminales es moral, política y legalmente repudiable, pero sobre todo es traicionar a nuestra patria”, escribió Chinchilla en la red social X.
