La usurpación de tierras en Guatemala suma más de 13,000 denuncias en los últimos cinco años. Aunque afecta a comunidades rurales, el fenómeno en la Ciudad de Guatemala se ha convertido en un problema de seguridad. Bandas criminales aprovechan la falta de control institucional para desplazar a familias. Además, utilizan los inmuebles como centros de operaciones ilegales.
Según datos del Ministerio Público, apenas el 13.7% de las denuncias llega a una resolución judicial. Mientras tanto, solo 99 desalojos se han concretado en todo el país. Esto representa un 0.75% del total. Esto refleja una enorme brecha entre la magnitud del delito y la capacidad de respuesta de las autoridades.
La Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y Contra el Prevaricato (ACDEPRO) advierte que la inacción estatal ha permitido que las usurpaciones se conviertan en un negocio rentable para estructuras criminales.
En la capital, pandillas no solo toman viviendas. También las revenden, utilizan a los habitantes como “escudos humanos” y controlan barrios con prácticas de extorsión.
El problema se extiende a otras regiones. En departamentos fronterizos como Huehuetenango y San Marcos, las invasiones están vinculadas al narcotráfico, mientras que en Alta Verapaz y Petén se relacionan con la explotación ilegal de recursos naturales, como la tala de madera.
Limitantes de las autoridades
La Policía Nacional Civil (PNC), responsable de ejecutar desalojos, enfrenta serias limitaciones.
No existe un protocolo unificado, la mayoría de operativos se hacen con recursos mínimos y los agentes tienen la orden de presentarse sin armas, lo que los expone a ataques de grupos armados. Esta falta de capacidad ha consolidado el poder de pandillas y estructuras vinculadas al crimen organizado.
Entre 2020 y 2025, el departamento de Guatemala encabeza la lista con 2,799 denuncias (21.1% del total nacional). Le siguen Huehuetenango (1,361), San Marcos (1,147) y Alta Verapaz (986). Sin embargo, el impacto en la capital es mayor. Esto se debe a que combina el despojo de viviendas con el fortalecimiento de las pandillas en zonas urbanas.
A nivel internacional, Guatemala cayó al puesto 103 de 125 países en el Índice de Derechos de Propiedad 2024, ubicándose como el país democrático peor evaluado de Centroamérica.
Para expertos, la crisis no se debe solo a falta de recursos. También se debe a la ineficiencia institucional y la ausencia de voluntad política. Estos problemas enfrentan un fenómeno que amenaza la seguridad ciudadana y la confianza en el Estado.
