Un nuevo informe del Índice de Crimen Organizado 2025 revela que solo Panamá y El Salvador registran mejoras en algunos indicadores, mientras el resto de Centroamérica enfrenta un aumento o estancamiento en los niveles de criminalidad y corrupción.
El Índice de Crimen Organizado evalúa a 193 países y puntúa del 1 al 10 el nivel de criminalidad y la capacidad de respuesta del Estado. En 2025, la puntuación criminal promedio de Centroamérica es de 5.77, una de las más altas del continente.
A nivel regional, El Salvador bajó su puntuación criminal de 6.10 a 5.85, una disminución asociada a la caída de actividades extorsivas y del poder territorial de las maras, según el informe. Panamá, por su parte, mejoró su resiliencia de 4.60 a 4.85, especialmente por avances en control financiero y cooperación internacional.
En contraste, países como Guatemala y Honduras muestran incrementos. Guatemala subió de 5.95 a 6.05 en criminalidad, impulsado por mercados ilegales como el tráfico de drogas y el contrabando. Honduras pasó de 6.25 a 6.40, una de las puntuaciones más altas de la región.
Nicaragua mantiene una de las resiliencias más bajas de América Latina con 2.90/10, vinculada al deterioro institucional y la concentración de poder político. Costa Rica, aunque estable, aumentó ligeramente su criminalidad de 5.30 a 5.40, impulsada por redes de narcotráfico y homicidios relacionados.
Transparencia Internacional
El informe también compara la región con el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional. Aquí, ningún país centroamericano supera los 50 puntos de 100. Panamá tiene 35/100, El Salvador 30/100, Guatemala 23/100, Honduras 23/100 y Nicaragua 17/100, uno de los peores puntajes del continente.
Para los analistas, las mejoras parciales en Panamá y El Salvador no cambian el panorama regional: la resiliencia promedio de Centroamérica sigue baja (3.9/10), lo que limita la capacidad de enfrentar redes transnacionales.
El estudio concluye que el avance de estos dos países podría servir como referencia, pero advierte que la región necesita fortalecer transparencia, justicia y marcos regulatorios para contener el crecimiento de mercados criminales.
En general, Centroamérica continúa siendo una zona de alta actividad criminal global, con estructuras que operan más rápido de lo que los Estados pueden responder, según el informe.
