Panamá sigue consolidándose como uno de los países con mayores incautaciones de drogas en América Latina, pero su papel como principal corredor del narcotráfico en la región genera preocupaciones en Estados Unidos, según el último Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025 del Departamento de Estado.
El informe destaca que, en los primeros nueve meses de 2024, Panamá incautó más de 70 toneladas de drogas, de las cuales el 70% era cocaína, reafirmando su papel clave en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, advierte que su ubicación estratégica y la corrupción en distintos niveles de gobierno siguen facilitando el tráfico de estupefacientes con destino a Estados Unidos y Europa.
El Canal: una arteria clave para el narcotráfico
El informe subraya que Panamá no es solo un punto de paso, sino un pilar en la ruta global de la cocaína.
Se estima que el 40% de la cocaína que llega a Norteamérica pasa por aguas panameñas, utilizando tanto embarcaciones rápidas como contenedores comerciales.
La infraestructura logística del país, con más de 4 millones de contenedores transitando anualmente por sus puertos, facilita el ocultamiento de narcóticos en cargas de exportación.
Solo en los primeros nueve meses de 2024, las autoridades incautaron más de 14 toneladas de cocaína en barcos portacontenedores, una cifra récord que evidencia la magnitud del problema.
Cooperación con EEUU y esfuerzos de seguridad
Estados Unidos reconoce que Panamá es un socio clave en la lucha antidrogas y resalta el trabajo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y la Policía Nacional en operaciones de interdicción.
El país canalero ha fortalecido su cooperación con EE.UU. en materia de entrenamiento, inteligencia y tecnología, recibiendo apoyo para la adquisición de escáneres portátiles, equipos de detección de narcóticos y programas de formación para agentes de seguridad.
Sin embargo, el informe advierte que, pese a estos esfuerzos, las redes de narcotráfico han sabido adaptarse, diversificando sus métodos de ocultamiento y aprovechando debilidades en la supervisión portuaria y la fiscalización de embarcaciones.
Corrupción: un obstáculo persistente
Aunque el gobierno panameño no facilita el narcotráfico como política de Estado, el informe señala que la corrupción sigue siendo un problema estructural.
Funcionarios de distintos niveles han sido señalados por permitir el paso de cargamentos ilegales o facilitar información a grupos criminales.
El Departamento de Estado destaca que Panamá ha recibido asistencia para fortalecer la ética judicial y mejorar la capacitación de jueces, fiscales y periodistas, pero insiste en la necesidad de mayor vigilancia sobre las operaciones financieras y comerciales vinculadas al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
¿Un modelo a seguir o una puerta abierta al crimen organizado?
Si bien Estados Unidos reconoce a Panamá como un aliado fundamental en la lucha contra el narcotráfico, el informe cuestiona si su modelo de interdicción es suficiente frente a la magnitud del problema.
Con decomisos récord y operativos constantes, el país parece estar conteniendo el flujo de drogas, pero su infraestructura logística y las fallas en el control de la corrupción siguen permitiendo que grandes cantidades de cocaína lleguen a su destino final.
Para Washington, el reto de Panamá no está solo en incautar más drogas, sino en cerrar las brechas de corrupción y reforzar los mecanismos de supervisión en sus puertos y fronteras. Sin estos cambios estructurales, el país seguirá siendo una arteria clave para el tráfico global de estupefacientes.
