Tras más de una semana de protestas, violencia y suspensión de garantías constitucionales, el gobierno panameño levantó a la medianoche del domingo 29 de junio el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro. La medida había sido impuesta el 20 de junio ante una escalada de disturbios vinculados a la oposición contra la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones del país.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó este lunes que los servicios de internet y telefonía celular ya fueron restablecidos en la provincia, luego de la suspensión decretada por instrucciones del Ministerio de Gobierno, en cumplimiento del Decreto de Gabinete No. 28. Este modificó el decreto original (No. 27), que mantenía en emergencia a la región hasta el 29 de junio.
Comunicado Oficial
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa que los servicios de internet y telefonía celular en la provincia de Bocas del Toro han sido restablecidos a partir de las 12:01 a.m. del lunes 30 de junio, conforme a lo establecido en el Decreto… pic.twitter.com/hnL01P4DRr— ASEP Panamá (@AsepPanama) June 30, 2025
El origen del conflicto: una ley rechazada
La crisis tuvo su raíz en la aprobación de la Ley 462, relacionada a la Caja del Seguro Social, en marzo de este año. Dicha normativa reformó el sistema de pensiones, estableciendo un esquema de cuentas individuales que diversos sectores —especialmente sindicatos— consideraron una forma encubierta de privatización del sistema previsional.
En Bocas del Toro, los trabajadores bananeros se sintieron particularmente afectadosLas protestas comenzaron con un paro laboral en las fincas de Chiquita Brands el 28 de abril, lo que derivó en despidos masivos y pérdidas económicas para la empresa. El conflicto escaló hacia actos de violencia a mediados de junio, con saqueos, vandalismo y toma de instalaciones públicas.
📍Bocas del Toro: El director provincial, Ing. Reynaldo Esquivel y su equipo desembarcaron 400 sacos de químicos en el puerto de Almirante.
Estos insumos, llegados en el🛳️Manuel A. Guerrero, son vitales para mantener la calidad del🚰💧en las 5 potabilizadoras de la provincia. pic.twitter.com/JB7xlYoJu8
— IDAAN (@IDAANinforma) June 30, 2025
La violencia que paralizó la provincia
Los días 19 y 20 de junio, Changuinola vivió uno de los episodios más caóticos de su historia reciente. Encapuchados tomaron el aeropuerto Capitán Manuel Niño, saquearon instalaciones gubernamentales y robaron vehículos. El estadio Calvin Byron fue dañado, y la empresa Chiquita reportó pérdidas millonarias. Según cifras oficiales, se vandalizaron 13 instituciones públicas, se saquearon 21 comercios, se talaron 169 árboles y se derribaron tres postes eléctricos.
Ante esta situación, el gobierno decretó estado de urgencia, suspendiendo garantías constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y de expresión. También se aplicó un toque de queda general y se cortaron los servicios de telecomunicaciones para evitar la organización de más disturbios.
Con el inicio del estado de urgencia, se desplegó la Operación Omega, que movilizó a 2,499 agentes de seguridad en la provincia. Esta operación permitió reabrir 40 de los 43 puntos cerrados y capturar a 341 personas, incluidos 18 menores de edad. Aunque el gobierno atribuyó los actos vandálicos a pandillas no relacionadas con los manifestantes originales, la tensión social se mantuvo latente.
El secretario del Ministerio de Seguridad, Juan Carlos Rodríguez, aclaró que el estado de urgencia finalizó a medianoche del 29 de junio, y no el lunes 30 al mediodía como se había dicho inicialmente. No obstante, las autoridades informaron que la Operación Omega continuará activa en todo el país mientras no se haya restablecido completamente el orden.
La provincia, altamente dependiente del turismo y la industria bananera, sufrió una parálisis económica. El 90 % del transporte de alimentos, medicinas y combustible se vio interrumpido, provocando escasez y alza de precios. Comercios cerraron, y empresas como Naturgy suspendieron sus operaciones en la zona. Aunque no se ha cuantificado el impacto económico total, se estima que las pérdidas son millonarias.
