La empresa Panama Ports Company (PPC) y su casa matriz CK Hutchison Holdings, de China, ampliaron sus acciones legales contra el Estado panameño. La disputa surge tras la toma de los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal, ejecutada el 23 de febrero.
La compañía informó que inició un proceso de arbitraje internacional contra Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional. En esa instancia reclama una compensación mínima de $2,000 millones por supuestos daños derivados de las decisiones estatales.
Además, PPC anunció nuevas acciones legales contra el decreto judicial que permitió la toma de sus activos. También cuestiona la incautación de documentos corporativos durante diligencias judiciales.
El origen del conflicto portuario
El conflicto comenzó cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato-ley que extendía la concesión portuaria a PPC.
El fallo se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá el 23 de febrero de 2026. Desde entonces quedó anulada la concesión que permitía a la empresa operar ambas terminales.
Tras la decisión judicial, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ordenó la ocupación temporal de los puertos a través de la Autoridad Marítima de Panamá.
Según el Ejecutivo, la medida busca garantizar la continuidad operativa y proteger los empleos. El gobierno sostiene que no se trata de una expropiación.
Los dos puertos del canal de Panamá bajo control del gobierno panameño tras la anulación del contrato con la hongkonesa CK Hutchison Holdings operan con normalidad, asegura a la #AFP el ministro del ramo, José Ramón Icaza pic.twitter.com/fKzAjbmRxV
— Agence France-Presse (@AFPespanol) March 5, 2026
Medidas del gobierno para mantener operaciones
Luego de asumir el control, el Estado asignó operadores temporales para evitar la paralización logística.
El puerto de Balboa quedó bajo gestión de APM Terminals, filial de Maersk.
Por su parte, el puerto de Cristóbal fue asignado a Terminal Investment Limited (TIL), empresa vinculada a Mediterranean Shipping Company.
Las autoridades indicaron que los contratos son temporales y buscan asegurar la continuidad del comercio marítimo.
Reclamo de la empresa por decreto y documentos incautados
PPC también presentó recursos legales contra el Decreto Ejecutivo No. 23, emitido el mismo día de la toma de los puertos.
La empresa sostiene que la medida permite la ocupación de bienes, equipos y documentos que considera protegidos por ley. Además, afirma que algunos activos incautados no están vinculados directamente con las operaciones portuarias.
APM Terminals Panamá avanza hacia la escalabilidad operativa en el Puerto de Balboa
Ciudad de Panamá, 28 de febrero de 2026. — La empresa APM Terminals informó que las operaciones en el Puerto de Balboa avanzan hacia una nueva etapa de escalabilidad operativa, con el objetivo de… pic.twitter.com/vusYUVDyOJ
— Alvaro Alvarado – Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) February 28, 2026
La compañía también solicitó a la Autoridad Marítima acceso inmediato a documentos retirados durante diligencias judiciales.
Según el Estado panameño, esas acciones formaron parte de investigaciones relacionadas con la transición de las operaciones portuarias.
Gobierno defiende legalidad de la medida
El gobierno de Panamá sostiene que actuó en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Además, afirma que la ocupación temporal protege la continuidad de uno de los sectores clave del comercio global.
Las autoridades también indicaron que el país prepara futuros procesos de licitación para definir concesiones definitivas en ambos puertos.
Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que las operaciones continúan con normalidad y que la transición mantiene la estabilidad laboral.
Un conflicto con impacto regional
Los puertos de Balboa y Cristóbal manejan cerca del 40 % del tráfico de contenedores de Panamá. Ambos terminales se ubican en los extremos del Canal de Panamá, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.
Por ello, el conflicto legal genera atención internacional. También ocurre en un contexto de competencia geopolítica por influencia en el comercio marítimo.
Mientras el arbitraje internacional avanza, el gobierno panameño insiste en que la medida responde a decisiones judiciales internas.
