El Ministerio Público de Panamá informó que investiga denuncias presentadas por la diputada Alexandra Brenes sobre presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Este centro es administrado por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SENNIAF).
Según la legisladora, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, se detectaron fallas estructurales, carencia de personal capacitado y la convivencia de menores con adultos. Estas prácticas contravendrían estándares básicos de protección infantil.
La denuncia incluye informes internos, correos y material fotográfico que, de acuerdo con lo presentado, no habrían recibido respuesta oportuna. Además de la directora de la SENNIAF, otros funcionarios fueron señalados por su presunta responsabilidad administrativa.
César Augusto Pérez, exdirector de Prevención de la SENNIAF, aseguró que fue desvinculado tras advertir sobre estas situaciones. Indicó que remitió reportes periódicos y que otros coordinadores también habrían enfrentado represalias por alertar problemas similares, con el objetivo de impulsar correcciones.
La SENNIAF sostuvo que *las visitas legislativas al CAI de Tocumen se realizaron bajo protocolos vigentes y sin incidente*s, y afirmó que desde diciembre se ejecutan evaluaciones en albergues estatales y privados de distintas provincias, con acompañamiento técnico y administrativo.
En paralelo, UNICEF expresó “profunda preocupación” por las denuncias y advirtió que los albergues no son entornos idóneos para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Además, el organismo urgió a actuar con celeridad y a fortalecer alternativas familiares, como el acogimiento temporal, con recursos suficientes y supervisión efectiva.
La situación en Panamá reaviva un debate regional sobre la institucionalización prolongada y los vacíos de supervisión en centros de protección, en un contexto donde organizaciones civiles reclaman mayor transparencia y acciones concretas para garantizar el interés superior de la niñez.
