El dictador nicaragüense Daniel Ortega reapareció el 18 de mayo lanzando duras advertencias contra la banca nacional, a la que acusó de ser “cómplice” de personas y organizaciones a las que su régimen ha confiscado propiedades, calificándolos de “estafadores”.
Ortega pronunció estas amenazas al finalizar un acto oficial por el 129 aniversario del natalicio del guerrillero Augusto C. Sandino, a quien la dictadura considera “héroe nacional”.
#LoÚltimo De esta forma Daniel Ortega confiesa robo de propiedades en #Nicaragua y advierte a bancoshttps://t.co/04mtMOqssH pic.twitter.com/M7m4ZgFQRZ
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“Ahí están pegando brinco algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores (…) se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables”, declaró Ortega, en un tono amenazante, mientras su pareja, la cruel Rosario Murillo, aplaudía.
Confiscaciones millonarias
Ortega reconoció que las propiedades confiscadas por su régimen representan “varios millones” de dólares, justificando que estos bienes han sido declarados propiedad del Estado “para beneficio de los pobres, para invertirlos en programas sociales; desde vivienda, salud, educación, seguridad social”.
Según el dictador, todas esas propiedades confiscadas “se movían en el lavado de dinero”.
“Pero lo importante es que esa riqueza mal habida que estaba en manos de delincuentes, esa riqueza mal habida está en este momento en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud”, insistió Ortega en su discurso.
Una “Nueva Piñata” de $250 millones
Las declaraciones de Ortega llegan dos días después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), que calculó que las confiscaciones de bienes efectuadas en Nicaragua desde 2018 suman al menos 250 millones de dólares.
Este monto representa una deuda pública que los ciudadanos nicaragüenses deberán pagar.
Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), del organismo Hagamos Democracia, presenta los resultados de una investigación a la que llamó «la punta del iceberg» de la nueva piñata sandinista https://t.co/DYzEaaXgjL pic.twitter.com/oxSBrgV4N3
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) May 17, 2024
El informe titulado “La Nueva Piñata Ortega-Murillo” documenta cómo estas expropiaciones se intensificaron en febrero de 2023, tras el destierro de 222 presos políticos y la desnacionalización de 94 ciudadanos.
Durante estos 6 años, el régimen ha confiscado viviendas, propiedades, medios de comunicación, ONG, universidades, cámaras empresariales e iglesias.
Los autores del informe admiten que el cálculo de $250 millones es preliminar debido a la falta de información disponible, tanto por la opacidad del régimen como por el temor de los afectados a denunciar.
Justificaciones oficiales
La Procuraduría General de la República (PGR) también ha intentado justificar estas confiscaciones, argumentando que simplemente están “recuperando para el pueblo de Nicaragua” centenares de propiedades que, según ellos, eran “usufructuadas indebidamente” por particulares.
En un comunicado emitido el 17 de mayo de 2024, la PGR afirmó que estas transferencias al Estado son el resultado de procesos penales relacionados con “narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos contra la seguridad ciudadana y la soberanía nacional”.
La narrativa del régimen sostiene que algunas propiedades pertenecían a Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) que no cumplían con la legislación vigente.
Bello mi Comandante Daniel Ortega y su alegría. Su baile, su espontaneidad total. Celebrando la vida y el legado, conmemorarando por siempre la lucha de #SandinoPadreYGuia pic.twitter.com/LOHfMYuonl
— TaniaSandinista (@taniasandinista) May 18, 2024
Según la versión oficial, estas confiscaciones son “un acto de soberanía que beneficia a la población”, aunque la mayoría de las propiedades confiscadas pertenecían a ciudadanos y organizaciones que trabajaban en favor de los sectores más vulnerables del país.
Bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua ha intensificado su represión contra opositores políticos y ha buscado estrechar lazos con países considerados enemigos de Estados Unidos, como China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y Libia.
Esta política de alianzas ha generado sanciones y advertencias internacionales, exacerbando la crisis económica y social en el país.
El régimen Ortega-Murillo ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las confiscaciones masivas de propiedades son vistas como una estrategia para consolidar el poder y silenciar a la oposición, mientras se justifica como una “recuperación para el pueblo”.
Estados Unidos, que sigue de cerca estos acontecimientos, preocupado por las implicaciones que estas acciones tienen para la estabilidad y la prosperidad de Nicaragua y de la región centroamericana en general, ha aplicado sanciones a la familia dictatorial y a su círculo de confianza.
