Por años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha presentado la minería aurífera como un salvavidas económico. Las cifras oficiales parecen respaldar ese discurso: crecimiento acelerado del sector, exportaciones al alza y un aporte decisivo al producto interno bruto.
Sin embargo, detrás del brillo del oro se acumulan costos ambientales, sociales y democráticos que hoy son difíciles de fiscalizar.
La combinación de concesiones masivas —la mayoría de ellas a empresas de capital chino— reformas legales que debilitan los controles ambientales y la represión sistemática contra casi 200 organizaciones de la sociedad civil ha dejado a Nicaragua con más extracción y menos vigilancia.
El resultado, advierten especialistas, es un país más dependiente del extractivismo, con ecosistemas fragmentados, comunidades silenciadas y efectos que ya trascienden sus fronteras, como lo evidencia el aumento del uso de cianuro asociado a la minería ilegal en Crucitas, Costa Rica.
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Concesiones opacas a capital chino
Hasta agosto de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó 248 concesiones mineras que cubren cerca de 1,79 millones de hectáreas, alrededor del 14 % del territorio nacional.
Entre 2023 y 2025, el Gobierno otorgó más de 500.000 hectáreas a 25 concesiones vinculadas a ocho empresas con capital chino, muchas de ellas mediante cesión de derechos sobre áreas ya concesionadas o reservas mineras.
Nombres como Thomas Metal S.A., Zhong Fu Development S.A. o Nicaragua XinXin Linze Minería Group S.A. concentran decenas de miles de hectáreas, varias superpuestas con territorios indígenas, reservas naturales y áreas protegidas.
La falta de información pública y de monitoreo independiente impide evaluar con precisión el impacto acumulado de estas operaciones.
El motor del régimen
Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua, actualizado a septiembre de 2025, la explotación de minas y canteras lideró el crecimiento con un salto del 21,2 % interanual, muy por encima de otros sectores.
En comercio exterior, el patrón se repite: durante 2025 las exportaciones mineras acumularon más de 481 millones de dólares, un aumento superior al 49 % respecto al año previo. Solo en el tercer trimestre, las ventas de oro crecieron 87 %.
El propio banco central reconoce que, al menos en los primeros meses, el impulso no provino de un mayor volumen exportado sino del aumento del precio internacional del metal.
Pero la tendencia trimestral muestra algo más: una expansión progresiva de la extracción de “oro, material selecto, piedra triturada y yeso”, lo que apunta a más actividad en el territorio.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, sostiene que el país pasó las buenas cifras de comercio a una política de arrasar los recursos sin controles.
A su juicio, el alza sostenida del precio —la onza troy pasó de alrededor de 1.943 dólares en 2023 a más de 4.300 dólares en diciembre de 2025— hizo del oro un negocio irresistible para un Estado urgido de divisas.
Reformas a la medida del extractivismo
El crecimiento minero no ocurrió en el vacío. En 2025, el régimen introdujo cambios profundos al andamiaje ambiental.
“Lo más preocupante fue la modificación del sistema de evaluación ambiental del país”, explica Ruiz.
Entre los cambios clave figuran la eliminación de los estudios de impacto ambiental para proyectos de categoría dos —donde se ubica la minería—, la supresión de procesos de consulta a comunidades afectadas y la reforma de la Ley de Áreas Protegidas para permitir concesiones dentro de zonas legalmente resguardadas.
Además, las decisiones ambientales se centralizaron. Los avales que antes dependían de las municipalidades pasaron a manos de una procuraduría creada desde Managua
“Los municipios ni siquiera se enteran de que se entregan concesiones en su territorio”, subraya Ruiz.
En la práctica, los controles previos fueron sustituidos por programas de gestión ambiental exigidos cuando los proyectos ya están operando, incrementando el riesgo de daños irreversibles.
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Sin ambientalistas, sin contrapesos
Desde 2018, el espacio cívico ambiental fue desmantelado. Más de 170 organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente perdieron su personería jurídica; otras fueron confiscadas o forzadas al exilio.
Ruiz, desnacionalizado en 2023, lo resume así: “Nicaragua no solo perdió bosques, también perdió la capacidad de fiscalización independiente”.
La persecución, que comenzó años antes con la oposición al fallido canal interoceánico concesionado por 100 años a un empresario chino, se profundizó tras el incendio de la reserva Indio Maíz en 2018.
Luego llegaron leyes que cortaron el financiamiento, penalizaron la difusión de informes “contrarios a la versión oficial” y silenciaron a la comunidad científica.
El impacto es tangible: se suspendieron monitoreos climáticos, estudios de biodiversidad, programas de protección de humedales y acompañamiento a comunidades indígenas.
La información ambiental quedó en manos exclusivas del Estado, cuya credibilidad se ha visto erosionada por denuncias de opacidad y corrupción.
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El costo ecológico: bosques, agua y fauna en retirada
Un tercer experto ambiental, que aún permanece en Nicaragua y pidió reserva por seguridad, describe un panorama inquietante.
Las exploraciones, deforestaciones y explosiones asociadas a la minería industrial y artesanal han fragmentado bosques y alterado cuencas.
“Hemos observado desplazamientos de fauna hacia zonas menos intervenidas; especies que antes eran comunes ahora buscan sobrevivir fuera de sus hábitats tradicionales”, afirma.
La presión se siente con especial fuerza en el norte del país y en corredores biológicos que conectan reservas clave.
Según Naciones Unidas, Nicaragua ha perdido alrededor del 40 % de sus bosques primarios y secundarios en dos décadas, la tasa más alta de la región en ese período.
Efectos transfronterizos: el caso Crucitas
La expansión del oro no se queda dentro de Nicaragua.
En Costa Rica, la minería ilegal a cielo abierto en Crucitas, cantón de Cutris de San Carlos, ha coincidido con un aumento desproporcionado en la importación de cianuro, insumo clave para la extracción aurífera.
Entre 2014 y 2024, las importaciones del químico pasaron de 62 toneladas a casi 450, un crecimiento del 623 %, según datos del Ministerio de Hacienda costarricense.
Parte del producto, presumen las autoridades, alimenta mercados negros vinculados a la minería ilegal.
El fenómeno ocurre en paralelo al auge exportador del oro nicaragüense y evidencia cómo la presión extractiva y la falta de controles generan externalidades regionales, especialmente en zonas fronterizas.
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¿Bonanza o dependencia?
Pese a liderar el crecimiento, la minería no se traduce en mejores salarios ni empleo formal suficiente. Miles de personas permanecen en la minería artesanal e informal, sin protección laboral ni contribución fiscal.
“Más que una bonanza generalizada, es un crecimiento concentrado, con altos costos sociales y ambientales”, insiste Ruiz.
La cancelación de un desembolso de 64,1 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima en 2024, por incumplir salvaguardias ambientales y sociales, subrayó la desconfianza internacional.
Por muchos esfuerzos que hizo la dictadura en 2025, los fondos no volvieron.
Aun así, el régimen defiende sus cifras de reforestación y acusa de injerencia a los organismos que cuestionan su modelo.
Sin embargo, los bosques, las aguas y la biodiversidad —y con ellos las comunidades que dependen de estos ecosistemas— quedan expuestos a daños difíciles de revertir.
La pregunta que plantean los especialistas no es si el oro genera ingresos, sino quién paga la factura. Y, cada vez más, esa factura se extiende más allá de Nicaragua.
