El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), la Coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU-Honduras) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Honduras) solicitaron al Congreso Nacional establecer otro plazo que exonere el pago que hacen los migrantes que se movilizan de forma irregular por territorio nacional, ya que esta determinación vence en los próximos días.
La OIM-Honduras de igual manera a través de Twitter, hacía mención a la misma eventualidad en el que invita al Congreso a discutir “el proyecto de ley que permite extender la amnistía del pago de la multa a las personas migrantes en tránsito que ingresan de forma irregular al país”. Y en un breve comunicado afirmaban tal petición “La Red Humanitaria de Honduras reitera la importancia de que el Congreso Nacional avance en la discusión del Proyecto de Ley que contiene la prórroga de la amnistía sobre el pago de la multa por ingreso irregular a Honduras”.
La solicitud de estas instituciones de derechos humanos se manifiesta porque se vence el plazo que exonera de manera temporal el pago de una multa administrativa a los migrantes, misma que tiene un costo de 200 dólares por transitar de forma irregular este país centroamericano.
Liliana Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, a través de un comunicado dijo que el decreto legislativo que exonera del pago de la multa, vence este 31 de mayo y que de no ser aprobada, afectaría a más de 25 mil migrantes que pasan de forma mensual por el país.
“El mayor peligro se concentra en los municipios de Danlí y Trojes, en el oriental departamento de El Paraíso, por donde ingresaron el 74 % de las personas migrantes que transitaron por Honduras”, afirmó Reyes. Y estimó que las violaciones de los derechos humanos serían graves para estas personas, porque al no contar con los recursos necesarios para pagar la multa, tendrán que establecerse en esta nación y sino se verían “obligados a tomar rutas peligrosas que pueden poner en riesgo su vida e integridad personal”.
De ahí que, Blanca Izaguirre, titular del CONADEH, advirtiera que en caso que las autoridades no tomen las medidas necesarias, la situación podría agravarse.
“Ampliar la amnistía es importante ya que disminuye las condiciones de vulnerabilidad que las personas migrantes enfrentan y permiten que su tránsito por el país sea digno y seguro”, dijo la OIM-Honduras.
Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, dijo que están a la espera de que el Congreso apruebe una nueva ampliación del decreto de amnistía esta semana, que tendrá una ampliación de 6 meses. Adelantó que esperan que la misma sea aprobada este miércoles.
“Esperamos que existan los consensos necesarios, hacemos un llamado a todas las bancadas (del Parlamento) para que continúen con este proceso de amnistía para poder seguir dando ese mensaje claro a toda la región centroamericana sobre que la migración no es un delito, sino un derecho social y humano”, subrayó.
El defensor de derechos humanos estimó que el Estado hondureño se encuentra “obligado a brindarles (a los migrantes) las condiciones y toda protección”. Y recordó que este país centroamericano, ha dejado de percibir más de 28,5 millones de dólares por la amnistía migratoria.
A juicio del funcionario, el Gobierno de Honduras ha establecido una “política humanista”, que promueve la protección, pone de manifiesto la empatía y tratos ddignos para las personas que pasan de forma irregular el territorio nacional.
De acuerdo con los datos facilitados por INM entre el 1 de enero de 2022 al 28 de mayo de 2023, se registra al menos a 294 mil 854 migrantes que han ingresado a este país en forma irregular con la idea de llegar a Estados Unidos.
