La organización humanitaria internacional HIAS anunció el cierre de sus oficinas en Costa Rica, en el marco de una reducción “significativa y sin precedentes” de la financiación humanitaria derivada de cambios en las políticas de cooperación de Estados Unidos.
La decisión se suma al cierre o debilitamiento de otros servicios de atención a migrantes y refugiados en el país durante 2025.
HIAS informó en sus redes sociales que los recortes han impedido sostener su nivel de operaciones y la llevaron a “la difícil decisión de cesar” su presencia en Costa Rica, un país que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos de personas solicitantes de asilo en la región, en particular de origen nicaragüense.
La organización reconoció el impacto de la medida en las comunidades atendidas y señaló que continuará sus actividades a nivel global desde otras sedes.
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Cierre de otras organizaciones
El cierre de HIAS se produce en un contexto de contracción generalizada del financiamiento humanitario en Centroamérica.
Otras entidades que brindaban apoyo legal y social a personas en movilidad forzada también han cerrado espacios físicos o reducido su atención presencial, limitando servicios a modalidades virtuales o de menor alcance territorial.
Entre ellas: el Consultorio Jurídico de la Universidad de La Salle, la Universidad de Costa Rica y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ANADDIR) y ASIDEHU, .
Según organizaciones de la sociedad civil, estas decisiones han reducido de forma sustancial la capacidad de acompañamiento jurídico, en un entorno marcado por barreras tecnológicas, precariedad económica y exposición a la violencia.
La presión sobre el sistema costarricense de refugio es creciente. Más de 200,000 solicitudes de asilo permanecen pendientes de resolución, de las cuales alrededor de 180,500 corresponden a personas nicaragüenses.
En total, Costa Rica alberga a más de 241.000 refugiados y solicitantes de asilo, una cifra que se ha duplicado en los últimos cuatro años.
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Acnur también golpeada
A esta situación se suma la reducción del 41 % de las capacidades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo programa en Costa Rica ha sufrido recortes que han afectado el 77 % procesamiento de solicitudes y atención directa.
Fuentes humanitarias señalan disminuciones sustanciales en la programación y una menor capacidad para registrar nuevos casos, lo que ralentiza aún más un sistema ya sobrecargado.
Desde ANADDIR, su dirección ha advertido que el cierre de oficinas y la disminución de servicios están dejando a miles de personas en mayor vulnerabilidad, con afectaciones a derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la protección internacional y una vida digna.
Organizaciones sociales han llamado al Estado costarricense, a la cooperación internacional y a la sociedad civil a retomar compromisos sostenibles y dotar de recursos adecuados a la respuesta humanitaria.
La combinación de recortes externos, aumento sostenido de solicitudes de asilo y limitaciones institucionales coloca a Costa Rica ante uno de los desafíos humanitarios más complejos de su historia reciente.
