La ONU instó a Honduras a implementar las recomendaciones del informe internacional sobre el asesinato de Berta Cáceres. La petición la realizó la relatora especial Mary Lawlor.
La experta advirtió que, a 10 años del crimen, persisten fallas en la protección de defensores de derechos humanos en el país. Además, señaló que el caso refleja problemas estructurales.
Informe del GIEI señala estructura criminal
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) concluyó que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado. También determinó que participaron diversos actores.
Según el documento, la operación incluyó sicarios, directivos empresariales y otros involucrados. Asimismo, identificó omisiones y encubrimiento por parte de agentes estatales.
El GIEI se creó en 2025 mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras y representantes del caso. Publicó su informe final en enero de 2026.
El crimen de la reconocida activista
Berta Cáceres fue una lideresa indígena Lenca y defensora ambiental. La asesinaron el 2 de marzo de 2016 en su vivienda.
El crimen ocurrió tras su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco. Su labor se centró en la defensa de los derechos territoriales.
Aunque la justicia condenó a autores materiales, las investigaciones sobre autores intelectuales siguen pendientes.
ONU advierte aumento de amenazas
La relatora Mary Lawlor expresó preocupación por el incremento reciente de amenazas contra defensores de derechos humanos en Honduras. En particular, alertó sobre riesgos para mujeres indígenas.
Además, subrayó que la violencia ocurre en un contexto de conflictos por proyectos extractivos. Por ello, pidió medidas de protección más amplias.
Recomendaciones para el Estado de Honduras
La ONU reiteró que el Estado debe garantizar justicia, reparación y no repetición. También instó a modificar estructuras que permiten ataques contra defensores.
Asimismo, recomendó implementar medidas de protección colectiva con enfoque de género. Estas deben considerar riesgos estructurales y situaciones de criminalización.
Finalmente, la relatora confirmó que mantiene comunicación con el Gobierno de Honduras. El objetivo es dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones del informe.