Una reciente evaluación realizada a Costa Rica por la Organización de Naciones Unidas (ONU), develó críticas severas por su manejo de los derechos de las personas con discapacidad en el país.
El pasado 14 de marzo, durante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra, y develado públicamente este 30 de marzo, el gobierno costarricense presentó un informe que llevó a la ONU a destacar 70 “motivos de preocupación” y ofrecer una lista de recomendaciones enfocadas en mejorar la situación.
Entre las principales preocupaciones expresadas por el Comité de la ONU, se encuentra la accesibilidad limitada a los servicios de salud para personas con discapacidad, evidenciada por la falta de equipos médicos especializados y la inadecuación de las instalaciones.
La ONU insta a Costa Rica a garantizar que estas personas tengan acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo aquellos adaptados a necesidades específicas.
Asimismo, la inclusión insuficiente en programas de salud sexual y reproductiva, así como en servicios relacionados con el VIH/SIDA, especialmente en zonas rurales y a nivel comunitario, fue señalada como motivo de preocupación.
Esto ha llevado a la recomendación de asegurar un acceso integral a estos programas para las personas con discapacidad.
El informe también subrayó el alto nivel de desempleo entre las personas con discapacidad y la ausencia de estrategias concretas para promover su inclusión en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el privado.
En respuesta, se sugirió a Costa Rica adoptar medidas efectivas para garantizar el derecho al trabajo de estas personas y fomentar su inclusión laboral mediante incentivos específicos.
La lentitud y complejidad en el proceso de certificación de la discapacidad fueron criticadas por prolongar los tiempos de espera, a veces hasta de 6 a 12 meses, impactando negativamente en la vida de las personas con discapacidad.
Se recomienda una armonización de la definición de discapacidad en las leyes y un esfuerzo por agilizar la obtención del certificado.
Wendy Barrantes, abogada y presidenta del Centro de Vida Independiente Morpho, quien presentó un informe alternativo en Ginebra, expresó su satisfacción por el reconocimiento de las recomendaciones presentadas por la sociedad civil en el informe de la ONU.
“Señalan recomendaciones muy puntuales que estaban en informes alternativos”, afirmó Barrantes, destacando la importancia de simplificar y agilizar la obtención de la certificación de discapacidad.
La reacción de las organizaciones de la sociedad civil ante la presentación del informe del gobierno ha sido de decepción y enojo, criticando la falta de seriedad y compromiso del Gobierno de Costa Rica con los más de 670 mil ciudadanos en situación de discapacidad en el país.
Desde el Movimiento Nacional de Discapacidad hasta la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud), se ha cuestionado la falta de representación adecuada y las respuestas evasivas de los representantes estatales durante la convención.
“Este informe pone de manifiesto la necesidad urgente de un compromiso más fuerte y de acciones concretas por parte de Costa Rica para abordar los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, asegurando su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos en la sociedad”, dice un comunicado de Alamud.
