Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, especialmente dirigidas al sector educativo, desde el estallido de las protestas sociales en 2018.
El reporte, elaborado por un grupo de expertos independientes, acusa al régimen nicaragüense de llevar a cabo una represión sistemática contra estudiantes, profesores y personal académico, en un esfuerzo por acallar voces críticas y sofocar cualquier forma de disidencia dentro de las universidades.
El documento describe cómo, bajo el mandato del dictador Daniel Ortega y la codictadora Rosario Murillo, el régimen ha implementado políticas para eliminar la autonomía universitaria y restringir la libertad académica en instituciones clave, como la Universidad Centroamericana (UCA) y la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Las autoridades han ejecutado lo que el informe califica de “purga” dentro de la academia, afectando a estudiantes y docentes percibidos como opositores, quienes han enfrentado desde expulsiones y encarcelamientos hasta la negación de títulos y la destrucción de sus registros académicos. Además, se reportan prohibiciones de salida del país y expulsiones forzadas.
Este control sobre la educación forma parte de una estrategia más amplia de supresión del espacio cívico en Nicaragua.
Recién publicado: Expertos ONU acusan a la pareja Ortega-Murillo de Nicaragua y a autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todo nivel de participar en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de estudiantes y docentes.
— josé maría tojeira (@ChemaTojeira) November 6, 2024
Desde 2021, el régimen ha confiscado las instalaciones de al menos 32 universidades privadas, reemplazando a sus autoridades con figuras afines al partido de gobierno, y modificando la currícula académica para alinear la educación superior con la visión ideológica del sandinismo.
Según el informe, esta intervención busca formar generaciones leales al proyecto político oficial y erradicar cualquier pensamiento crítico o independiente.
El Grupo de expertos de la ONU señala que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y su intención de eliminar a la oposición política a través de la violencia y el terror estatal.
Además, se denuncia que la represión no se limita al ámbito académico, sino que se extiende al resto de la sociedad civil.
La policía y grupos paramilitares progubernamentales han sido señalados por reprimir protestas pacíficas, restringir la libertad de movimiento y amenazar la seguridad personal de los ciudadanos.
El régimen nicaragüense, por su parte, ha negado acceso al país a los investigadores de la ONU y se ha rehusado a responder a múltiples solicitudes de información.
Ante esta falta de cooperación, el informe urge a la comunidad internacional a considerar sanciones y medidas adicionales para presionar a la dictadura de Ortega a rendir cuentas por estos abusos.
