El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles por aclamación una de las resoluciones más duras dirigidas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al concluir que en Nicaragua existe un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
La resolución, titulada “Seguimiento de la situación en Nicaragua”, condena los abusos cometidos tanto dentro del país como contra ciudadanos nicaragüenses en el exilio y marca un nuevo punto de quiebre entre el régimen sandinista y la comunidad interamericana, en un momento en que Nicaragua se encuentra más aislada que nunca.
El texto aprobado denuncia una arquitectura represiva que incluye exilio forzado, expatriación, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, eliminación de registros de identidad, negación de pasaportes, prohibición de ingreso al propio país y ruptura forzada de familias,.
Estas prácticas, según los informes internacionales, no son hechos aislados, sino parte de una política estatal de persecución.
El Consejo Permanente se basó en los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que ha documentado cómo el aparato estatal nicaragüense ha extendido su represión más allá de las fronteras, utilizando mecanismos internacionales como notificaciones de Interpol, alertas migratorias y herramientas financieras para perseguir opositores en el exterior.
Liberen a los presos políticos
La resolución también subraya que estos hechos ocurren pese a que Nicaragua renunció formalmente a la OEA en 2021, en un intento por sustraerse al escrutinio regional.
Sin embargo, el organismo recuerda que el país sigue estando obligado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la salida política de la organización no extingue sus responsabilidades jurídicas internacionales.
El documento exige al Estado nicaragüense la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas.
En especial aquellas cuyo paradero es desconocido o que están protegidas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, el Consejo reclama el restablecimiento del Estado de derecho, la independencia de poderes y el espacio cívico, así como el cese de las represalias contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y ciudadanos críticos.
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Crímenes e impunidad
En uno de los pasajes más contundentes, la resolución advierte que sin verdad, justicia y reparación para las víctimas, Nicaragua no podrá avanzar hacia una reconciliación real ni hacia la recuperación de sus instituciones democráticas. La impunidad, señala el texto, se ha convertido en un pilar estructural del régimen.
La OEA también pidió a la CIDH mantener el monitoreo permanente a través del MESENI y analizar el uso indebido de mecanismos de cooperación jurídica internacional por parte del Estado nicaragüense para fines de persecución política, una práctica que afecta directamente a cientos de nicaragüenses refugiados en América y Europa.
Finalmente, aunque Managua ha optado por el aislamiento, el Consejo reiteró su llamado a que Nicaragua regrese a la OEA y abra un canal de diálogo.
Pero el mensaje político fue directo: el régimen Ortega-Murillo ya no es visto solo como una dictadura autoritaria, sino como un Estado responsable de crímenes internacionales desde 2018.