Las denuncias de malos tratos durante las detenciones, la falta de investigaciones efectivas y las debilidades para prevenir abusos por parte de agentes del Estado colocaron a El Salvador y Nicaragua entre los países con mayor riesgo de tortura en Centroamérica, según el más reciente Índice Global de la Tortura, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
El informe ubica a El Salvador en la categoría de riesgo muy alto, mientras que Nicaragua también aparece entre los casos más preocupantes de la región. Honduras figura un escalón por debajo, con un riesgo alto, lo que evidencia que la prevención de la tortura sigue siendo uno de los principales desafíos para varios países centroamericanos.
En el caso de El Salvador, la OMCT relaciona esta evaluación con el impacto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. El organismo señala que el aumento de las detenciones, las denuncias de malos tratos en centros penitenciarios y las limitaciones para investigar presuntos abusos incrementan el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Represión en Nicaragua
Para Nicaragua, el índice identifica problemas vinculados a la falta de independencia judicial, la escasa rendición de cuentas y las dificultades para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según el informe, este contexto reduce las garantías para prevenir la tortura y proteger a las víctimas.
Honduras también aparece en el estudio, aunque con una calificación menos severa. La organización considera que el país mantiene un riesgo alto debido a deficiencias en los mecanismos de prevención, investigaciones que no siempre concluyen con sanciones y retos persistentes dentro del sistema penitenciario y judicial.
El Índice Global de la Tortura evalúa a los Estados a partir de factores como la protección legal contra la tortura, la independencia de la justicia, las condiciones de detención, la capacidad para investigar denuncias y el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención. Su objetivo es identificar los riesgos estructurales que pueden favorecer este tipo de violaciones.
La OMCT sostiene que los resultados reflejan la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y combatir la impunidad. Para Centroamérica, el informe muestra que, aunque los niveles de riesgo varían entre los países, persisten desafíos comunes para garantizar que los casos de tortura sean prevenidos, investigados y sancionados.
