En sus ratos de rabia, ante plaza llena de militares, policías o funcionarios vigilados para aplaudir sus largos, aburridos y divagantes discursos, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, suele ofender a países que le cuestionan la terrible dictadura que ejerce.
A Colombia, por ejemplo, suele llamarla cada vez que quiere y puede, como un narcoestado.
Sin embargo, una reciente investigación de Cambridge University Press, la sección editorial de la prestigiosa universidad inglesa, publicó una investigación que podría callarle la boca a Ortega.
La investigación se denomina “Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense: Crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado”.
Con fecha del 15 de septiembre, el amplio documento de tres investigadores concluye una tajante tesis: “Nicaragua es un narcoestado”.
Falacia del discurso al descubierto
Los autores son Julienne Weegel, profesor asistente de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Amsterdam; Dennis Rodgers, Centro sobre Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz (CCDP), Instituto de Graduados en Estudios Internacionales y Estudios de Desarrollo, Ginebra, y José Luis Rocha, Investigador Asociado, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador.
“Nicaragua a menudo se presenta como una excepción dentro del panorama de violencia criminal en Centro América, mostrándose como el país más seguro de la región debido a sus particulares ‘legados revolucionarios’, la (putativa) ausencia de pandillas y organizaciones narcotraficantes transnacionales, y la representación de la Policía Nacional como una fuerza eficiente y profesional”, dice el inicio del documento.
“Este comentario propone una lectura alternativa de la economía política contemporánea de la violencia en Nicaragua para revelar la naturaleza profundamente engañosa de esta visión predominante”, dice.
En particular, el estudio destaca cómo Nicaragua es gobernada a través de un acuerdo político particular sustentado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como por una “mafia de estado”.
“Estos factores convergen para establecer un ‘narcoestado’ altamente eficiente y enraizado cuyo desmantelamiento es poco probable en el corto plazo”, plantea la investigación.
Acuerdo de drogas entre Gobierno y narcos
Tras el análisis de datos oficiales, entrevistas a analistas, expertos y comparación de datos regionales, los autores analizan que el bajo impacto del narcotráfico en la delincuencia y la seguridad, es producto de la connivencia entre funcionarios del Estado y narcotraficantes, y la falta de restricciones a los poderes del gobierno para manejar las relaciones con las organizaciones del crimen internacional.
“Sugerimos que el estallido de brutalidad estatal de abril de 2018 está íntimamente relacionado con la culminación de un proceso de captura del Estado por parte de la élite nicaragüense, realizado mediante una serie de acuerdos de cogobierno entre el Estado, los grupos empresariales, políticos y criminales, que han pasado en gran medida desapercibidos precisamente debido al énfasis en la putativa seguridad “excepcional” del país”, señalan.
“Basándonos en una serie de fuentes secundarias, así como en algunas de nuestras propias investigaciones llevadas a cabo durante las últimas tres décadas sobre una serie de cuestiones relacionadas con la violencia callejera y el narcotráfico, sostenemos que el mito del excepcionalismo nicaragüense ha ocultado la realidad de la aparición de un acuerdo político particular en el país -que en este comentario denominamos “acuerdo de drogas”- entre el Estado y los narcotraficantes”.
“Ese acuerdo configura el uso de la violencia, la corrupción y las técnicas de gobernanza del Estado sobre el terreno de una manera que da la apariencia externa de paz, pero que en realidad está cargada de tensión y violencia”, determina la investigación.
“Un narcoestado eficiente y arraigado”
Los investigadores explican sus argumentos en cuatro secciones.
La primera comienza cuestionando la fijación académica y política en las tasas de homicidio como indicadores o incluso predictores de la violencia y el crimen (organizado), la segunda es la caracterización predominante de la policía del país como “altamente eficiente”, ambas utilizadas a menudo para alimentar el mito del excepcionalismo de Nicaragua.
La tercera sección, a continuación, caracteriza el panorama nicaragüense de actores políticos y criminales violentos durante las últimas tres décadas tal y como lo analizan los investigadores, a través de tres secciones que exploran respectivamente la naturaleza del crimen y el narcotráfico en Nicaragua, la corrupción policial y judicial y, por último, los procesos de captura del Estado y la gobernanza del “Estado mafioso”.
“Concluimos que las dinámicas particulares de la violencia en Nicaragua son el resultado del establecimiento de un asentamiento de la droga de élite, que produce un narcoestado altamente eficiente y arraigado cuya disolución es improbable a corto plazo”, señalan.
A lo largo del estudio, de 26 páginas, los autores cuestionan la fiabilidad de las estadísticas oficiales sobre delincuencia y subrayan la necesidad de comprender mejor la delincuencia en Nicaragua.
Acuerdo permite el narcotráfico sin violencia
Ellos sostienen que los niveles de delincuencia violenta y organizada en Nicaragua no sólo son más elevados, sino también más complejos de lo que generalmente se piensa, y que el país se caracteriza por un importante tráfico de drogas al amparo del poder político.
La investigación también sugiere que los bajos índices oficiales de homicidios del país no demuestran que las instituciones de seguridad nicaragüenses sean más eficaces o profesionales que otras de la región, sino que, al controlar el negocio de las drogas, negocian con los carteles para evitar la violencia interna que usualmente generan las disputas de rutas entre los carteles.
A criterio de los investigadores, las estadísticas oficiales de criminalidad y violencia en Nicaragua no son fiables ni creíbles, sino que sugieren que estas tasas pueden estar manipuladas o malinterpretadas a propósito.
Para ellos, el tan alabado “modelo” comunitario de la Policía nicaragüense tiene un carácter mucho más simbólico y performativo que sustantivo, “y es en gran medida una proyección discursiva” del régimen sandinista.
FSLN: la organización designada para el negocio
Los investigadores determinan que el negocio de la droga se ha asignado principalmente como esfera económica a la dirección del FSLN, partido en el poder y en control de todas las instancias estatales, incluyendo la policía y el ejército.
Y aclaran, que no es un tema nuevo en esa organización política, ya que en 2010 la filtración de documentos de las agencias de seguridad de Estados Unidos, se reveló que el narcotráfico financiaba campañas del FSLN a cambio de liberar drogas y personas involucradas en casos judiciales.
“En 2010, las revelaciones de Wikileaks sugirieron que el FSLN recibía regularmente dinero “de narcotraficantes internacionales” para financiar “campañas electorales… normalmente a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que dejaran libres a los traficantes capturados por la policía y el ejército”.
El documento destaca el papel del Estado en la facilitación del tráfico de drogas y su connivencia con los actores del crimen organizado de varias maneras, al punto que el Consejo Supremo Electoral otorgaba cédulas de identidad nicaragüense a narcotraficantes.
No hay violencia por los permisos otorgados
Ellos revelan que el narcotráfico en Nicaragua se ha vuelto menos violento no porque el Estado sea más eficiente, sino más bien porque los vínculos entre el Estado y el narcotráfico son quizá más estrechos que en otros lugares, hasta el punto de que es plausible caracterizar a Nicaragua como un “Estado mafioso”.
“Ciertamente, se dice ampliamente -y las acciones de la judicatura nicaragüense nombrada por el gobierno así lo corroboran- que en el contexto del acuerdo político más amplio entre las élites y la división del pastel económico del país, el negocio de la droga se ha asignado principalmente como esfera económica a la dirección del FSLN, que se estaba resistiendo, por así decirlo, a controlar principalmente actividades menos lucrativas como los medios de comunicación y la infraestructura de las zonas francas”, revela el estudio.
“Esto permitió que el pacto de élite nicaragüense continuara sin ser cuestionado, pero efectivamente también significa que el Estado nicaragüense contemporáneo se ha convertido no sólo en un Estado oligárquico sino también en un Estado mafioso, en el que sus activos de capital, incluido el tráfico de drogas, se han dividido entre un conjunto limitado de actores de élite que controlan el Estado, y cuya actividad económica se ha organizado colectivamente con el fin de minimizar las pérdidas y las perturbaciones – por ejemplo, debido a la violencia social y/o política”, dice el estudio.
Dictadura controla las drogas y usa la violencia para imponer orden
Por último, la investigación concluye que las autoridades nicaragüenses moldean eficazmente los contornos e incluso los contenidos del mercado de la droga (en términos de qué drogas se venden) mediante la corrupción generalizada y las intervenciones selectivas de alta violencia.
La investigación no menciona específicamente qué carteles o mafias operan en Nicaragua.
Sin embargo, se sugiere que hay una presencia significativa de tráfico de drogas y se menciona la transformación de pandillas en organizaciones de tráfico de drogas o “cartelitos”.
El documento sugiere que, aunque el enfoque principal de la discusión es la colusión policial, no hay duda de que el ejército nicaragüense también está fuertemente involucrado en dicho comportamiento.
Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre el papel exacto que desempeñan las fuerzas armadas en la situación de inseguridad en Nicaragua.
Diez aspectos claves de la investigación
En resumen, la investigación determina que:
- El tráfico de drogas en Nicaragua es un fenómeno significativo y creciente, con una proporción importante del comercio de drogas terrestre de sur a norte transitando por el país.
- El estado nicaragüense ha logrado confiscar solo una pequeña cantidad de las drogas que se cree que pasan por el país.
- El estado nicaragüense es el vector a través del cual se dominan y organizan varios actores diferentes del comercio de drogas en la región.
- Se proporciona evidencia de corrupción policial y judicial, incluyendo informes de que el Consejo Supremo Electoral regularmente entregaba identificaciones oficiales nicaragüenses a conocidos narcotraficantes.
- El poder judicial nicaragüense tiene el persistente hábito de liberar a los narcotraficantes por “órdenes superiores”.
- El tráfico de drogas fue incorporado al acuerdo político de la élite nicaragüense como medio para aliviar las tensiones entre diferentes facciones desde el Estado (policías, militares, jueces, funcionarios públicos).
- Se informa ampliamente, y las acciones del poder judicial nicaragüense respaldan esto, que dentro del contexto del acuerdo político de la élite y la división de la “tarta” económica del país, el negocio de las drogas ha sido asignado principalmente como una esfera económica al liderazgo del FSLN, partido que controla la mayoría de instituciones públicas del país.
- La situación en Nicaragua se ha caracterizado como la emergencia de un “estado mafioso” con control del negocio del narcotráfico.
- Considerando la centralidad del tráfico de drogas y la forma sistemática en que el estado nicaragüense es el vector a través del cual se dominan y organizan varios actores diferentes del comercio de drogas, se propone la etiqueta de “narcoestado” como una descripción más precisa de la realidad particular de Nicaragua.
- Aunque el enfoque principal de la investigación es la colusión policial, no hay duda de que el ejército nicaragüense también está fuertemente involucrado en dicho comportamiento
