A tres meses del Examen Periódico Universal (EPU) a Nicaragua, que se realizará en noviembre próximo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, expertas en derechos de las poblaciones indígenas señalan que el país difícilmente podrá revertir las malas calificaciones en esa área.
Así lo expresó la experta Anexa Alfred Cunningham, durante la conferencia “Voces y Realidades de la Costa Caribe de Nicaragua”, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra mundialmente el 9 de agosto.
“Nicaragua está totalmente aplazada en el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó la especialista en derechos humanos del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el Día Internacional de los #Pueblos #Indígenas, hacemos un llamado a #Nicaragua para que proteja y regularice los territorios indígenas, facilite el acceso a la justicia, y cese la persecución de los #guardabosques y defensores comunitarios#DefensoresDelMedioAmbiente… pic.twitter.com/nQGP06arnR
— Fundación del Río (@fundaciondelrio) August 9, 2024
Alfred Cunningham se encuentra en el exilio luego de que el régimen sandinista le impidiera regresar al país en julio de 2022, tras su participación en un evento de derechos humanos sobre pueblos indígenas en Suiza.
Según ella, es imposible que el régimen de Nicaragua enmascare ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU las violaciones permanentes, colectivas y flagrantes contra las comunidades del Caribe nicaragüense.
El EPU es un mecanismo de Naciones Unidas que evalúa cada cinco años el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de los Estados miembros. Nicaragua fue evaluada por última vez en mayo de 2019, en medio de la represión contra la población civil opositora.
Durante la evaluación de 2019, mientras el representante de la dictadura, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, negaba los hechos y rechazaba las observaciones y críticas de la mayoría de embajadores, el preso político Eddy Montes era asesinado en la cárcel Modelo de Tipitapa.
“Hemos visto que las violaciones persisten: la persecución indiscriminada, la criminalización de todo derecho, el destierro obligado, la desaparición forzada son violaciones documentadas que el régimen está implementando en la Costa Caribe de Nicaragua”, denunció Alfred Cunningham en el evento.
El foro fue organizado por varias organizaciones humanistas internacionales, como la Red Internacional de Derechos Humanos Europa, People In Need, Revista Caribe y la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA), junto a varios medios internacionales y locales.
Alfred Cunningham explicó que la situación de persecución, criminalización, destierro y desaparición forzada está aumentando sin control.
“Hay que tener presente que la política del terror implementada por el régimen ha calado no solo en la población nicaragüense del Pacífico, sino también en la Costa Caribe de Nicaragua”, lamentó.
En 2019, las delegaciones de los Estados Miembros de Naciones Unidas, participantes en el 42º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, adoptaron un informe del Grupo de Trabajo con los resultados del EPU para Nicaragua.
El informe incluye 259 recomendaciones hechas por los Estados miembros al Estado de Nicaragua para mejorar la situación de derechos humanos en el país, que enfrenta una grave crisis de derechos humanos desde abril de 2018.
El gobierno de Nicaragua rechazó 124 de estas recomendaciones, de las cuales 100 están relacionadas con la crisis de derechos humanos y planteaban, entre otras cosas, el retorno de los mecanismos de derechos humanos, la libertad de todos los prisioneros políticos, la restitución plena de los derechos civiles y políticos, el cese de la represión y proporcionar garantías de seguridad para que los exiliados puedan regresar al país.
Nicaragua justificó el rechazo de estas recomendaciones, alegando que “no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad”.
El entonces embajador de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Ernesto Morales, negó las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales y grupos armados paraestatales, ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como ACNUDH y la CIDH.
Además, expresó que “algunos Estados emitieron discursos políticos, muy alejados de recomendaciones constructivas, tratando de politizar” el EPU.
El Estado nicaragüense aceptó solo 135 recomendaciones, relacionadas con derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia de género, políticas públicas inclusivas, cambio climático, combate a la pobreza y desigualdad, acceso a la educación y mejoramiento de titulación para pueblos indígenas y afrodescendientes.
En relación con esto, Alfred Cunningham señaló que, aunque el Estado de Nicaragua ha avanzado en la demarcación de los territorios indígenas, no ha garantizado los derechos de las comunidades y sus familias a habitar en paz esos espacios.
“Hay un verdadero genocidio contra los habitantes de los territorios”, denunció, atribuyendo esta situación a intereses políticos y corrupción que dejan en impunidad la mayoría de los crímenes cometidos contra las familias de las comunidades.
