Nicaragua volvió a quedar en los últimos lugares de un ranking regional sobre transparencia judicial. Un informe de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información ubicó al país en el puesto 16 de 18 naciones evaluadas, solo por encima de Cuba y Venezuela, al advertir graves limitaciones para acceder a información sobre el funcionamiento de la justicia.
El Índice de Transparencia Judicial en Iberoamérica otorgó a Nicaragua una calificación de 33.33 %, muy por debajo del promedio regional. El estudio evaluó la disponibilidad de información, la respuesta a solicitudes ciudadanas y la existencia de mecanismos de control sobre el sistema judicial.
Uno de los datos más preocupantes es que el país obtuvo apenas 28.16 % en transparencia activa, es decir, en la información que las instituciones publican de manera voluntaria. El informe señala que sigue siendo muy difícil acceder a expedientes, estadísticas judiciales, procesos disciplinarios y declaraciones de intereses de funcionarios.
La situación es aún más crítica en materia de transparencia pasiva. Nicaragua recibió 0 % en este indicador, debido a que no se evidenció cumplimiento en la entrega de información solicitada por ciudadanos, lo que limita el derecho de acceso a datos públicos sobre la administración de justicia.
El estudio también advierte que el país obtuvo 0 % en la evaluación sobre la existencia de un órgano independiente que supervise la transparencia del sistema judicial. Esto significa que no hay una institución especializada que fiscalice el cumplimiento de las normas de acceso a la información en este ámbito.
Según la Alianza Regional, esta falta de controles permite que las propias instituciones judiciales decidan qué información divulgar y cómo responder a las solicitudes ciudadanas, sin supervisión externa. Además, persisten deficiencias en la publicación de resoluciones, datos presupuestarios y mecanismos para presentar reclamos.
El informe concluye que estas debilidades reducen la posibilidad de que la ciudadanía supervise el desempeño de la justicia y afectan el ejercicio de derechos fundamentales. Para la organización, mejorar la transparencia judicial es un paso indispensable para fortalecer la confianza pública y el Estado de derecho en Nicaragua.
