La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Nicaragua continúa enfrentando una grave crisis de derechos humanos, ocho años después de las protestas sociales de 2018 y la represión estatal. El organismo condenó las violaciones sistemáticas y urgió al Gobierno a restablecer el Estado de derecho, liberar a las personas detenidas por motivos políticos y poner fin a la impunidad.
La CIDH señaló que el país vive una concentración absoluta de poder en el entorno del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que ha favorecido la continuidad de prácticas represivas.
Entre las principales denuncias figuran detenciones arbitrarias, persecución política y religiosa, así como restricciones a libertades fundamentales.
Según datos recopilados por mecanismos de seguimiento, al menos 46 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, en condiciones contrarias a la dignidad humana.
Durante audiencias recientes, también se documentaron casos de tortura, violencia sexual, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas.
El organismo alertó que las excarcelaciones anunciadas por el Estado no implican una restitución plena de derechos, ya que las personas liberadas continúan bajo vigilancia y restricciones de movilidad.
Clima de miedo y persecución religiosa
Estas prácticas, según la CIDH, generan un clima de miedo que limita la denuncia de abusos y profundiza el subregistro de casos.
Además, persisten violaciones al debido proceso y falta de justicia para las víctimas, incluyendo las 355 muertes registradas entre abril y julio de 2018.
La Comisión también denunció restricciones a la libertad religiosa, con prohibiciones de actividades públicas y vigilancia de actos de fe.
El informe advierte que la persecución se extiende a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, incluso fuera del país, mediante amenazas, vigilancia y uso indebido de mecanismos internacionales.
Asimismo, comunidades indígenas y afrodescendientes continúan enfrentando invasiones de sus territorios y violencia, en un contexto de desprotección estatal.
La CIDH reiteró su llamado a la comunidad internacional para promover el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y garantizar el respeto a los derechos humanos.
“El fin de la impunidad y el retorno del sistema democrático constituyen la mejor garantía para el ejercicio de las libertades fundamentales”, demandó el organismo.
