La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó nuevas operaciones de dragado en el Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a través de una resolución administrativa de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
La Resolución Administrativa DGTA 017-2024 permite las operaciones de dragado y exoneraciones de tasas e impuestos relacionados con el Proyecto de Dragado del Río San Juan.
Olympia Avellaneda Torrez, delegada de la dictadura en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, coordinará el proyecto.
El biólogo e investigador Amaru Ruiz criticó que el nuevo dragado debería estar respaldado por estudios de impacto ambiental y viabilidad económica y social.
“Es imprescindible contar con estudios que justifiquen la necesidad de estas operaciones y sus repercusiones ambientales y sociales”, afirmó Ruiz.
Antecedentes del conflicto
En 2010, un dragado similar ordenado por Ortega provocó un conflicto legal con Costa Rica debido a los daños ambientales en humedales costarricenses.
Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó a Nicaragua pagar una indemnización de 378,890 dólares por los daños causados.
Ruiz explicó que el sedimento que afecta el caudal del Río San Juan se debe tanto a factores ambientales como a la deforestación causada por la ocupación humana.
Este sedimento, aunque originado en Nicaragua, afecta la desembocadura hacia el Río Colorado en Costa Rica, lo que subraya las repercusiones transfronterizas de las actividades nicaragüenses.
El abogado y político opositor Eliseo Núñez Morales reconoció que el dragado es necesario para la limpieza del río, pero destacó que se debe entablar comunicación con Costa Rica, pues una de las riberas es territorio costarricense por disposición de la CIJ.
Además, subrayó otros problemas fronterizos que deben comunicarse entre Nicaragua y Costa Rica, como la extracción ilegal de oro por parte de mineros irregulares nicaragüenses en territorio costarricense, respaldados por paramilitares cercanos al régimen.
La autorización del nuevo dragado del Río San Juan por parte del régimen Ortega-Murillo podría avivar las tensiones con Costa Rica, recordando los conflictos pasados y planteando nuevos desafíos diplomáticos y ambientales en la región.
