La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inaugurará este sábado en Managua el Centro de Monitoreo, Alerta y Respuesta «Momotombo», una infraestructura valorada en más de 42 millones de dólares y financiada por China.
Según la propaganda oficialista, el centro incorporará cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones sísmicas y volcánicas y sistemas de alerta para emergencias. Presentado por el oficialismo como un salto tecnológico para la prevención de desastres, el proyecto abre también interrogantes sobre el alcance de una infraestructura china.
El sistema es capaz de recopilar y transmitir información en tiempo real en un país donde la dictadura ha convertido la vigilancia y el control social en herramientas habituales de la represión.
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El centro contará, según la información oficial, con 97 equipos de medición sísmica, 25 estaciones para vigilar volcanes, 20 puntos de monitoreo de ríos y 172 sistemas inteligentes de altavoces, además de tecnología aérea y robótica.
El reégimen sostiene que estará orientado a anticipar terremotos, erupciones, huracanes, inundaciones y otras emergencias.
Tecnología en un Estado sin controles
El problema no está únicamente en la tecnología, sino en quién la administra y bajo qué controles.
Nicaragua carece de instituciones independientes capaces de fiscalizar al Ejecutivo, mientras periodistas, opositores, organizaciones civiles y ciudadanos han sufrido vigilancia, persecución y detenciones por expresar posiciones críticas.
En 2025, Ortega llamó a reforzar la «vigilancia revolucionaria» en los barrios para perseguir a quienes el régimen considera opositores. Y en 2024 una nueva legislación de telecomunicaciones amplió las facultades estatales para controlar contenidos y comunicaciones digitales.
La dimensión china añade otra capa de incertidumbre. Desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en diciembre de 2021, Managua ha convertido a Pekín en un socio estratégico en infraestructura, telecomunicaciones, energía y tecnología.
La relación ha avanzado, sin embargo, con escasa información pública sobre contratos, costos, condiciones financieras y desembolsos.
Investigaciones independientes han señalado incluso discrepancias entre los préstamos anunciados por el régimen y los registrados en las estadísticas oficiales.
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Una alianza marcada por el hermetismo
China ha financiado o comprometido proyectos por cientos de millones de dólares, mientras el régimen mantiene bajo reserva buena parte de los detalles financieros.
Hasta 2025 se habían anunciado once préstamos por unos 1.500 millones de dólares, aunque los desembolsos efectivos eran muy inferiores.
En ese contexto, los 42 millones de dólares del centro Momotombo representan más que una inversión tecnológica.
Constituyen una nueva pieza de una alianza en la que el acceso a infraestructura, tecnología y financiamiento chino coincide con el progresivo cierre de los espacios de transparencia y rendición de cuentas en Nicaragua.
La ausencia de información pública sobre los contratos, las capacidades exactas de vigilancia y las garantías para impedir usos distintos de la gestión de emergencias deja abierta una pregunta central: qué mecanismos independientes impedirán que una tecnología presentada para proteger a la población termine ampliando la capacidad de vigilancia de un Estado que ya ha demostrado su disposición a utilizarla contra sus críticos.
