Dos documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas revelan que el narcotraficante costarricense Edwin Danney López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, se encuentra en un proceso de negociación con la Fiscalía estadounidense para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad por cargos relacionados con narcotráfico.
El primero de los documentos corresponde a una moción presentada el 10 de agosto de 2026 por su abogado defensor, Gaylon P. Riddels, quien solicitó tiempo adicional para revisar la propuesta presentada por los fiscales federales, discutir sus condiciones con su cliente y continuar las negociaciones. El segundo documento es una orden del juez federal Amos L. Mazzant III, quien autorizó el aplazamiento del proceso.
La resolución judicial pospone la audiencia final previa al juicio, inicialmente programada para el 4 de septiembre de 2026, hasta el 8 de enero de 2027 en el tribunal federal de Sherman, Texas. Además, el juez fijó el 18 de diciembre como fecha límite para que las partes informen si alcanzaron un acuerdo de culpabilidad o solicitan una nueva prórroga.
Los documentos aclaran que López Vega no se ha declarado culpable y que tampoco existe un acuerdo definitivo con las autoridades estadounidenses. Únicamente confirman que la Fiscalía presentó una propuesta formal y que la defensa continúa evaluando sus términos antes de decidir si acepta una negociación o lleva el caso a juicio.
El juez Mazzant también advirtió que una demora más allá del plazo fijado podría afectar la posibilidad de que el acusado obtenga una reducción de condena por aceptar responsabilidad. Asimismo, estableció que las mociones previas al juicio deberán presentarse antes del 28 de diciembre. Si no se alcanza un acuerdo, en la audiencia de enero se definirán las fechas para la selección del jurado y el inicio del juicio.
López Vega fue extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo de 2026 junto con el exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez. Ambos se convirtieron en los primeros ciudadanos costarricenses extraditados a ese país tras la reforma constitucional aprobada en Costa Rica en 2025, que permitió la extradición de nacionales por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
La Fiscalía estadounidense acusa a López Vega de conspirar para fabricar y distribuir cocaína con conocimiento de que la droga sería introducida en Estados Unidos. Según las autoridades, integró una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y territorio estadounidense. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo sancionó en 2025 al señalarlo como una figura relevante del narcotráfico en la provincia costarricense de Limón.
Aunque los cargos federales contemplan penas que podrían llegar hasta cadena perpetua, la extradición de López Vega quedó sujeta a las condiciones impuestas por Costa Rica. Estados Unidos garantizó que no solicitará una condena superior a los 50 años de prisión, límite máximo permitido por la legislación costarricense. Por ahora, el proceso continúa en etapa de negociación y será el propio López Vega quien deberá decidir si acepta un acuerdo con la Fiscalía antes del 18 de diciembre o enfrenta un juicio con jurado en 2027.
