Costa Rica ejecutó este 20 de marzo la primera extradición de ciudadanos costarricenses hacia Estados Unidos, en un hecho que autoridades califican como un hito en la lucha contra el crimen organizado. El proceso involucra al exmagistrado Celso Gamboa y al exconvicto Edwin López, alias “Pecho de Rata”, quienes enfrentarán cargos por narcotráfico.
El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que esta acción envía un mensaje contundente: la nacionalidad costarricense ya no podrá ser utilizada como un mecanismo para evadir la justicia internacional. La medida marca un cambio estructural en la política penal del país.
La extradición se produce tras la aprobación de la Ley N.º 10730 en mayo de 2025, que habilitó por primera vez la entrega de ciudadanos costarricenses a otros países por delitos de narcotráfico y terrorismo. Antes de esta reforma, la Constitución impedía extraditar a nacionales, lo que generaba vacíos legales aprovechados por redes criminales.
Díaz explicó que esta limitación histórica permitía que personas vinculadas al tráfico internacional de drogas evitaran ser juzgadas fuera del país, incluso cuando existían investigaciones en curso en otras jurisdicciones, como Estados Unidos.
El fiscal también destacó que esta nueva normativa fortalece la cooperación internacional, especialmente con agencias como la DEA, lo que permite coordinar estrategias más efectivas para desarticular estructuras criminales transnacionales.
El proceso legal
Tanto Gamboa como López fueron detenidos hace aproximadamente nueve meses, poco después de que avanzaran las investigaciones en su contra. Finalmente, este viernes fueron trasladados hacia Texas, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente.
Como parte del acuerdo, las autoridades estadounidenses se comprometieron a que, en caso de condena, la pena no superará el máximo permitido en Costa Rica, establecido en 50 años de prisión. Este punto fue clave para viabilizar la extradición bajo los estándares legales del país.
Con este paso, Costa Rica redefine su postura frente al crimen organizado y refuerza su alineación con los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico, enviando una señal clara de que no habrá espacios de impunidad, incluso para sus propios ciudadanos.
