Guatemala trasladó a 34 privados de libertad considerados de alta peligrosidad tras una requisa en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, en un operativo con el que las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales que, según el Gobierno, continuaban operando desde ese centro penitenciario.
Las imágenes oficiales difundidas tras la intervención muestran a decenas de reclusos sentados en largas filas, rodeados por un fuerte cordón de seguridad integrado por agentes armados con chalecos antibalas y cascos, mientras eran movilizados para abandonar el penal bajo estrictas medidas de control.
Los 34 internos fueron redistribuidos entre las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel. Aunque el Sistema Penitenciario los calificó como reos de alta peligrosidad, no reveló sus identidades ni los delitos por los que cumplen condena, argumentando razones de seguridad.
Uno de los datos más llamativos del operativo fue el hallazgo de 55 teléfonos celulares y 14 televisores, además de licor, droga y otros equipos prohibidos.
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Bomberos Voluntarios de la #7cia compañía se mantienen en calidad de prevención y apresto afuera del centro carcelario en Puerto Barrios, Izabal un hombre es atendido y trasladado con heridas de arma de fuego#75añosCVB pic.twitter.com/ppcK5I1N1v
— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 25, 2026
El Ejército de Guatemala presentó un inventario aún más amplio, en el que reportó 57 celulares, radios de comunicación, un router de internet, paneles solares, dispositivos electrónicos, armas punzocortantes y diferentes tipos de estupefacientes.
Las autoridades sostienen que estos decomisos evidencian la capacidad que algunas organizaciones criminales mantienen para comunicarse y coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles, un problema que Guatemala intenta contener mediante requisas periódicas y el traslado de internos considerados líderes o de mayor riesgo.
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— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) July 25, 2026
La intervención en Puerto Barrios se suma a la estrategia del Gobierno para recuperar el control del sistema penitenciario, históricamente señalado por la presencia de redes criminales, corrupción y el ingreso de objetos prohibidos.
El desafío, advierten especialistas en seguridad, será impedir que estas estructuras vuelvan a reorganizarse en los centros penitenciarios a los que fueron trasladados los reclusos.
