Un motín registrado en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, dejó al menos seis personas hospitalizadas y provocó la evacuación de 21 menores de edad afectados por gases lacrimógenos, en un nuevo episodio que expone la crisis del sistema penitenciario guatemalteco.
La emergencia movilizó a Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Técnicos en Urgencias Médicas, quienes brindaron atención prehospitalaria dentro del recinto. Varias mujeres presentaban síntomas de asfixia, golpes y heridas contusas tras los disturbios ocurridos durante la mañana.
Según los reportes oficiales, el control del penal fue retomado con la intervención del Grupo Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), fuerzas antimotines femeninas de la Policía Nacional Civil y apoyo perimetral del Ejército de Guatemala.
Las autoridades informaron que 21 niñas fueron evacuadas luego de quedar expuestas a gases lacrimógenos durante el operativo. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) confirmó que las menores fueron resguardadas temporalmente en áreas administrativas y posteriormente entregadas a sus madres.
Fuentes citadas por cuerpos de socorro indicaron que el motín habría sido protagonizado por integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes presuntamente tomaron como rehenes a varios custodios durante el enfrentamiento. Además, se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del centro penitenciario, aumentando el nivel de riesgo para internas y menores.
La crisis también reavivó las alertas sobre las condiciones dentro del penal Santa Teresa, marcado desde hace años por el hacinamiento, conflictos entre pandillas y constantes operativos de requisa. En 2022 ya se había registrado otra revuelta en la que internas exigían cambios en la dirección y en el personal de custodia.
El incidente vuelve a poner bajo presión al sistema penitenciario de Guatemala, uno de los más cuestionados de Centroamérica por la sobrepoblación carcelaria y la presencia de estructuras criminales dentro de las cárceles. Organismos de derechos humanos y entidades estatales participaron en la supervisión del operativo para verificar la protección de las internas y de los menores afectados.