Después de un par de días de relativa tranquilidad en medio de la tempestad política, el Ministerio Público de Guatemala retoma la arremetida judicial contra las votaciones y anunció que presenta una solicitud para que a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les retiren su inmunidad para ser investigados por presuntas irregularidades en la contratación de un sistema informático.
Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, pretenden procesar a los magistrados por la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares que fue utilizado en las generales de este año.
Los magistrados que persigue el Ministerio Público son Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaño y Mynor Custodio Franco Flores, y los suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
Todos son señalados por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
El Ministerio Público, de acuerdo al presidente electo del país, Bernardo Arévalo, lo que busca es un “golpe de estado”, sembrando dudas sobre el proceso que le dio una contundente victoria. Además, la institución y sus principales funcionarios, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, son considerados por Estados Unidos como corruptos y antidemocráticos, algo que secunda la OEA, Unión Europea, organismos civiles y privados locales e internacionales.
Desde junio la fiscalía trata de borrar del mapa a Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, alegando falsificación de firmas en su inscripción.
