Guatemala recibió 18,350 migrantes deportados desde Estados Unidos en los primeros seis meses de 2025, cifra inferior al mismo periodo de 2024, pero con un cambio alarmante en el perfil de los retornados. La mayoría no son recién llegados, sino personas que vivieron durante años e incluso décadas en territorio estadounidense, según una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Women’s Refugee Commission.
Investigadores de ambas organizaciones revelaron durante su visita a Ciudad de Guatemala que estas deportaciones están impactando de forma severa en la salud mental, la estructura familiar y los derechos humanos de los migrantes.
Según un informe de WOLA, la caída del número de vuelos no refleja una mejora en el sistema migratorio. Los retornados ya no son en su mayoría interceptados en la frontera, sino personas detenidas dentro de EE.UU. por operativos de ICE. Muchos tienen hijos ciudadanos estadounidenses y hogares establecidos.
Un paquete de fondos aprobado en julio por el Congreso estadounidense destina $45,000 millones para centros de detención migratoria, $15,000 millones para deportaciones y $13,000 millones para ampliar ICE, lo que anticipa un incremento significativo de estas expulsiones masivas.
Migrantes reportan abusos, maltrato y negligencia
La investigación hizo entrevistas con funcionarios, académicos y organizaciones en Guatemala que revelan un patrón de abusos verbales, físicos y hasta sexuales dentro de los centros de detención de ICE. Se reportaron también casos de violencia de género contra mujeres indígenas que no hablaban español.
“Los niños llegan deshidratados, sucios y sin haber comido en horas”, denunció un funcionario guatemalteco. También se registran retornos de personas con condiciones psiquiátricas sin diagnóstico ni seguimiento médico.
El acceso consular se ha visto limitado, especialmente en centros de detención familiar en Texas, según señalaron fuentes oficiales.
Uno de los hallazgos más inquietantes es la separación forzada de familias con hijos nacidos en EE.UU. Bajo la nueva directiva para padres detenidos, ICE tiene ahora menos obligaciones para facilitar la reunificación antes de una deportación.
“Muchos deben decidir en cuestión de minutos si llevarse a sus hijos o dejarlos atrás”, advirtió una organización local. Esta práctica, según el informe, está aumentando en instalaciones como la de Alexandria, Luisiana.
Otra constante denunciada por los retornados es la no devolución de efectivo, pertenencias e incluso documentos de identidad, que a veces son entregados semanas después en paquetes separados. En algunos casos, el dinero se reemplaza por tarjetas de valor limitado que solo funcionan en ciertos estados como Kansas.
Guatemala brinda apoyo, pero hay vacíos críticos
El informe dice que el gobierno guatemalteco implementó el programa “Retorno a Casa”, con un cuestionario de 75 preguntas, aunque ninguna aborda maltratos sufridos durante la detención en EE.UU. Funcionarios locales y expertos coinciden en que se necesita un enfoque más humano y sostenido a nivel comunitario.
“El apoyo real no está en los aeropuertos, está en las comunidades”, subrayó un investigador migratorio. Sin embargo, los recortes a la cooperación de EE.UU., como el retiro de fondos de USAID, afectan directamente a las redes sociales y organizaciones que acompañan a los migrantes en su reintegración.
El testimonio de migrantes deportados es clave para documentar abusos en centros de detención migratoria, negligencia en deportaciones y violaciones de derechos humanos. La urgencia por transparencia, rendición de cuentas y un trato digno es más alta que nunca ante el fortalecimiento de la maquinaria de deportación del gobierno estadounidense.
