Panamá cumple este lunes 13 de noviembre 3 semanas de incesantes protestas y la policía reportó el arresto de 1,061 personas en medio de los enfrentamientos y el vandalismo que las manifestaciones han desatado.
De acuerdo al reporte oficial, 927 de los detenidos son mayores de edad.
Los arrestos ocurrieron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí y Colón.
A todos, se informó, se les ha judicializado por delitos como daños a la propiedad privada, robo, desórdenes en la vía y portación de armas.
Según el reporte, los manifestantes vandalizaron 63 locales comerciales, 19 instituciones de gobierno, dañaron 28 cámaras de video vigilancia y estaciones del metro.
Cámara de Comercio pide solución
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá expresó su preocupación por el impacto de las protestas, a casi 3 semanas de iniciadas, y se mostró alarmada por las consecuencias en el comercio, la educación y la productividad del país.
Los comerciantes, en un comunicado, pidieron a las autoridades a garantizar la libre movilidad, restablecer el orden público y velar por los protestantes que tienen el legítimo derecho a manifestarse.
#CámaraOpina “La paralización del país, aprovechándose de una protesta legítima y pacífica liderada por la juventud, ha revelado la presencia de organizaciones radicales y políticas.” @fitofabrega https://t.co/daq3jDQfh3
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) November 12, 2023
Las protestas populares iniciaron el 23 de octubre, cuando los ciudadanos comenzaron a salir a las calles a reclamar por un contrato minero millonario firmado por el gobierno y Minera Panamá, filial de una empresa canadiense. Después, el mismo presidente Laurentino Cortizo, quien dijo que no habría marcha atrás en el convenido, reculó y pidió una consulta popular para decidir el futuro del convenio que le dejaría al estado $375 millones anuales.
La Corte Suprema de Justicia estudia el caso y se espera que declare inconstitucional la ley que le dio paso al contrato.
Las protestas incluyen bloqueos de calles y carreteras, lo que ha impedido un normal abasto de mercancías en todo el país.