El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, condenó a seis años de prisión al exinvestigador policial José Wilfredo Caishpal Aguirre, quien formaba parte de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil de El Salvador. El tribunal lo halló culpable del delito de concusión, es decir, de utilizar su cargo para obtener beneficios personales.
Según el expediente judicial, el hecho ocurrió en agosto de 2023, cuando Caishpal llegó durante la madrugada a la casa de una persona y le exigió $10,000 a cambio de no arrestarla bajo el régimen de excepción. Ante la negativa de la víctima, quien solo tenía $450, el entonces agente tomó el dinero y le dio un plazo para entregarle $6,000 más.
La víctima denunció el hecho, y con apoyo de la misma Policía Nacional Civil se realizó un operativo de entrega controlada el 2 de agosto, en el cual Caishpal fue capturado.
En un inicio, la Fiscalía General de la República lo acusó por extorsión agravada, un delito que puede conllevar hasta 15 años de prisión, así como por tenencia y portación irresponsable de arma de fuego. Sin embargo, fue absuelto de este último cargo y el tribunal reclasificó el delito principal como concusión.
El Código Penal salvadoreño establece que este delito aplica a funcionarios o autoridades que, abusando de su cargo, obliguen a otros a entregar dinero o beneficios personales. La pena va de tres a seis años de cárcel e incluye la inhabilitación del cargo por igual período.
Caishpal Aguirre pertenecía a la DECO, una de las unidades especializadas de la PNC encargada de investigar redes del crimen organizado.
Este caso se da en un contexto en que organismos internacionales han señalado posibles excesos policiales. Un informe reciente de Human Rights Watch reportó que agentes salvadoreños admitieron la existencia de abusos de poder, detenciones arbitrarias y fabricación de pruebas en el marco del régimen de excepción.