Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha sido renovado más de 40 veces y que, de acuerdo con el informe El Salvador Country Focus Report, publicado en noviembre de 2026 por el programa EU SEE, ya dejó de ser una medida temporal para convertirse en una política permanente del Estado.
El documento sostiene que este régimen permitió la suspensión de derechos constitucionales clave como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, los plazos legales de detención y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Según el estudio, más de 88,000 personas fueron detenidas desde el inicio del estado de excepción (la cifra oficial de es de más de 90200), muchas sin orden judicial ni acceso inmediato a abogados, lo que ha generado denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
Más de 400 muertes
Organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 427 muertes bajo custodia estatal, en su mayoría de personas capturadas bajo el régimen de excepción y que no habían sido condenadas judicialmente.
El informe señala que este contexto se desarrolla en paralelo a una concentración de poder en el Ejecutivo, que se profundizó tras la reelección del presidente Nayib Bukele en 2024, pese a la prohibición constitucional de la reelección inmediata.
La pérdida de independencia del sistema judicial y el debilitamiento del Legislativo redujeron los controles institucionales, dejando a los ciudadanos con escasas posibilidades de recurrir a instancias de protección frente a abusos del Estado.
En este escenario, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, en mayo de 2025, marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la sociedad civil, al imponer un impuesto del 30 % a los fondos internacionales que reciben las organizaciones.
Más facultades para el Ejecutivo
La normativa también otorga amplias facultades a las autoridades para sancionar, multar o cancelar personerías jurídicas, bajo criterios considerados vagos y discrecionales por los autores del informe.
Como consecuencia, varias organizaciones históricas cerraron sus operaciones o trasladaron su trabajo fuera del país, mientras otras suspendieron actividades ante el temor de sanciones, generando un efecto paralizante en el trabajo social y de derechos humanos.
El informe concluye que la combinación entre un régimen de excepción prolongado y un marco legal restrictivo ha provocado una asfixia progresiva de la sociedad civil, con impactos que trascienden las fronteras de El Salvador y representan una señal de alerta para la región centroamericana.
