Más de 8,100 deudores alimentarios fueron capturados por incumplir el pago de pensiones en Guatemala

Las denuncias por negación de asistencia económica se mantienen por encima de las 4,000 al año y reflejan un problema que continúa afectando a miles de familias en el país.

El Ministerio Público (MP) ha recibido 21,670 denuncias por incumplimiento de pensión alimentaria.

Más de 8,100 personas han sido capturadas en Guatemala por incumplir el pago de pensiones alimenticias entre 2020 y lo que va de 2026, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Las cifras evidencian la magnitud de un delito que cada año moviliza a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad.

Detrás de esas capturas también hay un elevado número de procesos judiciales. El Ministerio Público (MP) ha recibido 21,670 denuncias por negación de asistencia económica entre 2021 y 2026, lo que confirma que el incumplimiento de esta obligación sigue siendo una de las causas penales más recurrentes en el país.

El año con más denuncias fue 2024, cuando el MP registró 4,335 casos. En 2025 se contabilizaron 4,235 expedientes y, aunque 2026 aún no concluye, ya suma 2,080 denuncias, por lo que la cifra continuará aumentando en los próximos meses.

Los niños son los más afectados por los conflictos entre los padres.

Regiones con más denuncias

El departamento de Guatemala concentra la mayor incidencia con 3,723 denuncias, seguido por Alta Verapaz (1,746), San Marcos (1,495), Quetzaltenango (1,229) y Santa Rosa (1,183). En el extremo opuesto aparecen Zacapa (284), Chiquimula (439) y Jalapa (506), con los registros más bajos.

Además del incumplimiento de la pensión, el MP también investiga la modalidad agravada, que ocurre cuando el responsable intenta ocultar bienes o transferirlos a terceros para evitar el pago. Solo en 2026 ya se contabilizan 22 denuncias por este delito.

Las estadísticas de la PNC muestran que las capturas se han mantenido estables en los últimos años: 1,313 en 2021; 1,278 en 2022; 1,168 en 2023; 1,232 en 2024; 1,278 en 2025 y 797 en lo que va de 2026. Muchas se realizan durante operativos de control, cuando los agentes detectan órdenes de aprehensión vigentes.

La legislación guatemalteca establece que la pensión alimenticia debe garantizar alimentación, vivienda, salud, vestido y educación de quienes dependen de ella. El Código Penal sanciona el incumplimiento con penas de seis meses a dos años de prisión, mientras que quienes intenten evadir el pago mediante maniobras fraudulentas enfrentan castigos más severos.

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