Unos 8,200 hondureños fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2016 y 2023, debido a la violencia que afecta al país, según cifras reveladas el viernes por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Según la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, los grupos poblacionales más afectados por el desplazamiento forzado, en el 2023, según su profesión u oficio, son los comerciantes que interpusieron 266 quejas, seguidas por las amas de casa con 250. Otros sectores víctimas y en riesgo de desplazamiento forzado son los maestros, profesionales del derecho, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, taxistas, y buseros entre otros.
Las cifras del Conadeh muestran que de los 8.200 casos relacionados al desplazamiento forzado, 3,116 fueron víctimas de desplazamiento y 5.084 estaban en riesgo de desplazarse.
Izaguirre explicó que entre las causas del desplazamiento forzado figuran las amenazas, extorsión, la muerte violenta de miembros de la familia, la tentativa de homicidio, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la usurpación, despojo o destrucción de viviendas, tierras y propiedades.
Los casos de desplazamiento forzado por violencia se incrementaron en el 2023 y que las proyecciones, en el 2024, indican que van al alza, según Elsy Reyes de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno.
El reclutamiento forzado de niños y niñas, por parte de estructuras criminales, es otra de las causas que está afectando y generando que núcleos familiares tengan que movilizarse y salir huyendo prácticamente de sus colonias y de sus municipios.
La mayoría de las víctimas procede de los departamentos de Francisco Morazán -del que la capital Tegucigalpa forma parte- y Cortés -donde está San Pedro Sula, la segunda ciudad del país- según el Conadeh.
“Entre más grande son las ciudades y entre más violencia se reporta, estamos viendo que más gente está siendo desplazada y huyendo de su casa por amenazas, extorsiones, asesinatos y despojo de sus propiedades”, explicó Reyes.
El departamento de Francisco Morazán pasó de registrar 617 quejas en el 2022 a 841 en el 2023, seguido por el departamento de Cortés que de 315 quejas en el 2022 pasó a 364 un año después.
Según Reyes, el Conadeh atendió casos de desplazamiento forzado en el que el afectado era una sola persona, pero también casos que afectaban a 17 o más víctimas.
“Hemos visto casos donde los afectados son varios núcleos de una misma familia, son grupos inmensos y es lamentable porque todos tienen que salir huyendo de la comunidad, de sus municipios y empezar una nueva vida sin medios para subsistir”, dijo Reyes.
