Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala revela que Q468.1 millones (unos $60.6 millones) vinculados al Seguro Médico Escolar fueron movilizados a través de 39 cuentas y empresas de cartón, y parte de los fondos fue transferida a China, Hong Kong y Panamá.
El caso, que involucra recursos públicos destinados a la salud de niños y adolescentes, no muestra avances visibles en el Ministerio Público dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.
De acuerdo con los documentos presentados ante la fiscalía desde noviembre de 2024, el dinero fue “estratificado”, es decir, dividido en múltiples transacciones para dificultar su rastreo. El esquema estaría vinculado a la empresa Urgencias Médicas, S.A., contratista estatal durante la administración del entonces presidente Alejandro Giammattei.
El Seguro Médico Escolar fue creado en 2020 como uno de los proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Entre 2020 y febrero de 2024 se firmaron contratos por Q895.2 millones (aproximadamente US$116 millones). El programa fue derogado por el actual mandatario Bernardo Arévalo, quien señaló posibles vicios en su ejecución.
Según la IVE, un primer anillo de la red movilizó Q294.3 millones ($38.1 millones) desde cuentas que recibían pagos estatales por servicios médicos y funerarios dirigidos a estudiantes del sistema público. Parte de esos fondos fueron transferidos a empresas con actividades comerciales ajenas al sector salud.
Las autoridades financieras detectaron más de 400 depósitos en efectivo por montos menores a $10,000, una práctica que evita reportes automáticos por posibles operaciones sospechosas. También se identificaron empresas que no pudieron ser localizadas físicamente o que no justificaron el origen de los recursos.
La Superintendencia de Administración Tributaria indicó que las sociedades no registraban operaciones de comercio exterior que respaldaran esas transferencias.
Un segundo grupo de 27 cuentas movilizó Q173.8 millones ($22.5 millones) adicionales, con conexiones al caso de defraudación fiscal conocido como B410. La IVE concluye que existe una vinculación transaccional entre las empresas y posibles señales de lavado de dinero.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha informado sobre imputaciones formales, en un contexto en el que Guatemala enfrenta crecientes cuestionamientos internacionales por el combate a la corrupción y la impunidad.
