Según el Estudio sobre el desplazamiento forzado de docentes e impacto de la violencia generalizada en centros educativos de Honduras, elaborado en 2024 por Acnur y Save the Children, tres de cada cuatro maestros entrevistados afirmaron haber recibido amenazas de miembros de estructuras criminales, estudiantes o familiares de alumnos.
De los 3,449 docentes encuestados, un 8 % (307 profesores) confirmaron que debieron desplazarse, una cifra muy superior al promedio nacional de desplazamientos forzados.

Entre los educadores desplazados hay tres personas de la diversidad sexual, 38 pertenecientes a pueblos indígenas y afro hondureño y nueve con discapacidad. La mayoría son adultos de entre 30 y 56 años, aunque también hay jóvenes y adultos mayores.
Las amenazas están ligadas a su rol como líderes comunitarios de proteger a estudiantes, denunciar casos de abuso o resistirse a la presencia de drogas y actividades ilícitas en los centros educativos los convierte en blanco de agresiones.

Casos como el del profesor José Esaú Lara, asesinado en mayo de este año en Santa Bárbara tras recibir amenazas o el docente Mario Alberto Morazán, muerto en 2017 en Tegucigalpa por mediar en un conflicto estudiantil, evidencia la vulnerabilidad del magisterio.
Para Yuri Hernández, presidente del primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), aunque el número de caos se redujo, la problemática sigue siendo grave y constante en varias zonas del país.
Docentes en riesgo
El estudio también identifica que al menos 1,472 docentes están actualmente en riesgo de desplazamiento forzado principalmente en los departamentos de Cortés, Olancho, Francisco Morazán, Atlántida y El Paraíso.
Aunque existen leyes y planes de prevención, los maestros señalan que la falta de aplicación efectiva y la escasa investigación de los hechos los obliga a abandonar sus hogares por iniciativa propia.
¿Cuál es la relación entre el desplazamiento forzado y los pueblos indígenas y afrohondureños?🤔
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— ACNUR Honduras (@ACNURhonduras) August 9, 2025
Acnur y Save the Children advierten que la violencia contra los docentes no solo vulnera sus derechos, sino que compromete la educación de miles de niños y adolescentes. Por ello, recomiendan crear un protocolo de protección para maestros desplazados y en riesgo, así como medidas de prevención y mitigación de la violencia escolar dentro del marco de la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado.