La Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) registra un fuerte aumento en las denuncias por estafas a través de canales digitales de un 33 % al término de 2023, con más de 22,600 casos.
Esto significa un aumento de 5,700 casos, en los cuales las víctimas habrían caído en las redes de estafadores que se valen de la confianza de los usuarios para extraer información sensible y perpetrar robos.
La Dirección de Análisis engloba las denuncias de estafas bancarias en casos de phishing, una de las técnicas más utilizadas por los cibercriminales para engañar a las personas para que compartan información confidencial.
Según la institución, la mayoría de los fraudes bancarios denunciados se caracteriza porque los usuarios entregaron a terceros el usuario y la contraseña vinculada a la cuenta bancaria.
Los cibercriminales suelen enviar un correo electrónico a los usuarios haciéndose pasar por personal del banco para que actualice o verifique cierta operación. Cuando la persona abre el enlace, se roba la información sensible.
También está la modalidad pharming, más peligrosa porque es difícil de identificar a simple vista y que consiste en intervenir directamente en el servidor para direccionar al usuario a un sitio con un software malicioso.
“Los delincuentes están creando estas páginas que son exactamente iguales a las de los bancos y pagan publicidad para que estás páginas falsas sean lo primero que el usuario encuentre en la búsqueda”, señaló un funcionario al noticiero Noti7.
El Ministerio Público ha identificado que estas páginas se crean en el extranjero y tiene un período corto en línea, de dos días, por lo que dificulta las investigaciones criminales para encontrar el vínculo original.
De acuerdo con el Índice Nacional de Seguridad Cibernética (NCSI), Guatemala, El Salvador y Honduras son los menos preparados en la región centroamericana para enfrentar ataques cibernéticos.
En el ranking de 176 economías, Guatemala aparece en la posición 118, El Salvador en la 119 y Honduras en la 122. Este índice es un esfuerzo de e-Governance Academy (eGA), Open Society Institute (OSI) y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).
