La 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó que aunque no se registran agresiones físicas graves contra periodistas en Panamá, persisten serias presiones judiciales, políticas y económicas que afectan el trabajo de los medios.
El reporte señala que el principal desafío para los medios son las demandas civiles y penales. La legislación vigente permite secuestros de bienes de medios impresos y digitales al inicio de los procesos, incluso antes de presentarse pruebas, lo que pone en riesgo su viabilidad económica.
El diario La Prensa (Corprensa) enfrenta actualmente 15 demandas civiles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suman millones de dólares en reclamaciones. Entre ellas destacan siete demandas en primera instancia por $4.2 millones y cuatro fallos en contra que exigen pagos de $566,476. Además, el diputado Benicio Robinson demanda al medio por $1.5 millones por supuestas injurias.
Casos emblemáticos y limitaciones legales
Los procesos de calumnia e injuria se tramitan como demandas civiles ordinarias, sin aplicar el principio de “real malicia”, dejando las decisiones al criterio de los jueces. Un ejemplo reciente involucró al expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien inicialmente perdió un juicio ante La Prensa gracias a la aplicación de “real malicia”, pero un tribunal de segunda instancia revocó el fallo.
Otro caso relevante fue la cobertura de la renovación de la villa diplomática, que generó críticas del presidente José Raúl Mulino y la cancelación de contratos publicitarios de instituciones estatales, denunciando medios locales como presión indirecta sobre su línea editorial.
Publicidad estatal como mecanismo de presión
Varios medios han denunciado el uso de la pauta publicitaria como instrumento de control gubernamental. El Informe sobre las Libertades de Expresión y de Prensa, elaborado por el Forum de Periodistas, revela que la mayoría de los medios enfrenta presiones a través de la publicidad estatal.
El periodista Álvaro Alvarado denunció retrasos en pagos de publicidad por 2 meses en su emisora, atribuyéndolos a su cobertura crítica del gobierno. Asimismo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) demandó al diario La Estrella de Panamá y a dos periodistas por $1 millón, tras la publicación de un reportaje sobre el cierre de cuentas bancarias de la organización.
El medio digital Foco enfrenta 2 causas penales y 2 demandas civiles por $746.000, incluyendo un secuestro de $4,500 solicitado por el expresidente Ricardo Martinelli. Pese a condenas judiciales, diarios como Panamá América, La Crítica y Día a Día continúan operando con libertad editorial, aunque Martinelli sigue influyendo indirectamente mediante acoso digital y manipulación de información.
Transparencia y acceso a la información
El informe de la SIP indica deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, con funcionarios que evitan responder cuestionamientos de la prensa o se amparan en la Ley de Protección de Datos Personales. La Asamblea Nacional tampoco ha registrado avances significativos en iniciativas de transparencia.
La situación económica del sector genera autocensura y abandono de la profesión. Algunos periodistas optan por trabajar de manera independiente para proteger su estabilidad financiera y editorial. A pesar de estas dificultades, no se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales ni atentados graves contra periodistas.
Durante las protestas por reformas a la Caja de Seguro Social en Bocas del Toro, varios periodistas nacionales y corresponsales extranjeros denunciaron hostigamiento por parte de sindicatos y organizaciones sociales. Paralelamente, la política de contención del gasto en publicidad estatal ha reducido significativamente las partidas asignadas a medios tradicionales, con denuncias de distribución desigual.