La muerte del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), David Marroquín Valdez, ha generado un profundo pesar en el país, particularmente tras la decisión del juzgado de turno de otorgar medidas sustitutivas al presunto responsable del atropello que le costó la vida.
El agente Marroquín, destacado en la división de tránsito, fue atropellado la madrugada del sábado durante un operativo contra carreras clandestinas en la Avenida Las Américas, zona 14.
Según el Ministerio Público (MP), el acusado, José Pablo Ramírez Esquivel, conducía en estado de ebriedad al momento del hecho y posteriormente intentó darse a la fuga, impactando incluso una autopatrulla. Marroquín fue trasladado de emergencia al Hospital Roosevelt, donde falleció horas más tarde a causa de un politraumatismo
Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento del agente Marroquín Valdez, un valiente servidor público que perdió la vida en cumplimiento del deber.
A su familia, nuestra solidaridad y apoyo en este momento tan doloroso. Instruí al ministro Jiménez a brindarles todo el…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 1, 2025
severo.
Dolor presidencial y demanda de justicia
El presidente Bernardo Arévalo expresó públicamente su consternación y extendió sus condolencias a la familia del agente caído:
“Condolencias por el fallecimiento del agente Marroquín Valdez, un valiente servidor público que perdió la vida en cumplimiento del deber. A su familia, nuestra solidaridad y apoyo en este momento tan doloroso. Instruí al ministro Jiménez a brindarles todo el acompañamiento necesario. No permitiremos que la irresponsabilidad siga cobrando vidas”, manifestó el mandatario.
La reacción del presidente contrasta con la resolución judicial que, aunque vinculó a proceso penal a Ramírez Esquivel por el delito de homicidio culposo, le otorgó libertad condicional bajo arresto domiciliario, arraigo y una caución económica de apenas Q10 mil.
Medidas cuestionadas
La decisión judicial ha generado cuestionamientos entre sectores ciudadanos y autoridades. A criterio de la jueza de turno, existen suficientes indicios para continuar con la investigación, pero no para mantener al acusado en prisión preventiva. El caso será trasladado al Juzgado Décimo Penal, donde el 14 de octubre se desarrollará la audiencia de etapa intermedia, que definirá si Ramírez enfrentará juicio.
El MP tendrá tres meses para concluir las pesquisas y fortalecer la acusación.
El contraste entre la severidad de los hechos y la resolución judicial ha encendido el debate público. La imagen de un servidor público caído en cumplimiento del deber, frente a un acusado que enfrenta el proceso desde su hogar, alimenta la percepción de impunidad y desigualdad en la aplicación de la justicia.
Mientras las investigaciones continúan, el país sigue de luto por la pérdida de uno de sus agentes, en un contexto de crecientes esfuerzos por combatir la imprudencia vial y las carreras clandestinas. La muerte del agente Marroquín podría convertirse en un punto de inflexión para revisar tanto políticas preventivas como decisiones judiciales que hoy dejan más preguntas que respuestas
