La acusación del Distrito Sur de Nueva York revela que Nicolás Maduro, junto con figuras clave como Diosdado Cabello y su esposa Cilia Flores, operó una red criminal conocida como “Cártel de los Soles”, aliada con organizaciones terroristas como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y los Zetas.
La acusación detalla cómo entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela hacia Estados Unidos, utilizando rutas que incluían Guatemala, Honduras y Nicaragua como puntos de tránsito y lavado de dinero.
Con base en la acusación formal sustitutiva (S4 11 Cr. 205 – AKH) presentada en el Distrito Sur de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos ha presentado múltiples cargos contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra (alias “Nicolasito”, “El Príncipe”) y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”).
La acusación formal acusa a Maduro Moros, Cabello Rondón y Rodríguez Chacín de conspirar para distribuir cocaína en coordinación con Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) designadas, incluidas las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, los Zetas/CDN y el Tren de Aragua (TdA).
Por Centroamérica
Los fiscales estadounidenses señalan que los cargamentos salían de aeropuertos clandestinos en Venezuela, muchos de ellos bajo el control de militares corruptos, y eran enviados vía aérea o marítima hacia puertos y pistas no controladas en Centroamérica.
En Honduras, se utilizaban pistas ilegales en zonas rurales para reabastecer aviones o redirigir cargamentos hacia el norte.
En Guatemala, la cocaína era almacenada temporalmente en bodegas protegidas por autoridades locales antes de su envío hacia México.
En Nicaragua, la red se apoyaba en contactos políticos y estructuras estatales para mover droga sin interferencia, según testimonios recogidos por agencias federales.
Corrupción, impunidad y beneficios políticos
El informe denuncia que funcionarios en los países centroamericanos recibían sobornos y participaban en el transporte, encubrimiento y distribución de la cocaína, asegurando el paso seguro de los cargamentos y obteniendo beneficios económicos y políticos.
Este esquema fortaleció a grupos como el Tren de Aragua, que expandió su influencia hacia el norte, operando también en el Istmo centroamericano. Esta organización criminal venezolana ahora tiene presencia documentada en países como Guatemala y Nicaragua, especialmente en áreas fronterizas.
Expertos señalan que esta revelación aumenta la presión sobre los gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, al evidenciar la infiltración del narcotráfico venezolano en estructuras locales. Además, resalta la urgencia de cooperación internacional para desmantelar rutas que siguen activas.
Las acusaciones no solo buscan castigar a los responsables, sino también exponer una red de corrupción transnacional que ha erosionado las democracias de la región y potenciado la migración, la violencia y la impunidad.
